Intervención envió una muestra de los contratos con indicios penales
La alta funcionaria y el jefe de los Servicios Jurídicos Municipales ratifican sus informes
El jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Córdoba y la interventora general ratificaron ayer sus informes ante el juez instructor del Caso Infraestructuras, José Luis Rodríguez Laínz, dentro de la práctica de nuevas testificales previstas desde finales del pasado año respecto a los presuntos contratos irregulares con el Ayuntamiento de Córdoba.
El primero en pasar fue el jefe de los Servicios Jurídicos Municipales, quien después de dos horas sometiéndose a las preguntas de los abogados y de la representante del Ministerio Fiscal señaló que, «como no podía ser de otra manera», ratificó su informe elaborado en junio de 2021.
El documento de los letrados del Ayuntamiento sobre contratos menores que llegó a la Fiscalía y dio lugar a esta causa confirmaba las iniciales sospechas de IU y Podemos (como denunciantes) que hablaban de unos veinte contratos menores. Acrecentaba la gravedad al encontrar una treintena de contratos de menos de 40.000 euros cada uno.
Muestreo
A su salida de la sala, la interventora municipal explicó a ABC que las cuestiones que plantearon las partes fueron, entre otras, el porqué sólo envió cuatro de esos contratos irregulares a Fiscalía, a lo que respondió que «era un muestreo y que el hecho simple de fraccionar un contrato en sí no es por sí mismo delictivo», pero que sí envió los que encontró mal porque «eran de certificaciones de obras que no estaban realizadas o concluidas». En un muestreo de contratos menores detectó cuatro con indicios de delito penal que envió a Fiscalía.
Ante el juez en calidad de testigo también declaró la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, que no hizo comentarios sobre lo que dijo. Por su parte, el abogado del exconcejal David Dorado, Carlos Arias, señaló que su representado no está imputado como tal por los hechos de los contratos menores, sino que se debate si pudo influir en el nombramiento de la excoordinadora del área de Infraestructuras, «y se ha visto que no, que nada tuvo que ver con los contratos que hicieron los técnicos ni con el nombramiento de la excoordinadora, nombrada por los cinco concejales de Cs».
También prestaron testimonio un empresario del sector eléctrico —investigado en la pieza de Instrucción 2—, y el excoordinador de IU Pedro García, que llegó a la sede judicial tras haber recordado los audios de la exconcejala Amparo Pernichi, ya fallecida, que fue quien interpuso la denuncia que ha dado lugar a este caso. El juez instructor del caso en esta pieza matriz (hay varias en otros órganos judiciales) mantiene como investigados por presunta corrupción en el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba a más de una veintena de empresarios (detenidos dentro de la operación policial ‘Caronte’) al exjefe de la Unidad de Mantenimiento de Colegios y Edificios Públicos, S.Q.; a la ex coordinadora del área de Infraestructuras, y de forma «incierta» al concejal David Dorado, por delitos de cohecho, fraude a la administración, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
El titular del Juzgado de Instrucción 4, que hace apenas un mes prorrogaba la instrucción de la causa seis meses más, pretendía con esas declaraciones dar un nuevo impulso a la investigación de la causa matriz iniciada por la Fiscalía de Córdoba por supuestos delitos de prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos como consecuencia de la denuncia presentada por IU y Podemos.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba desestimó en un auto fechado el pasado 8 de marzo el recurso presentado por el letrado del exconcejal de Infraestructuras, David Dorado, después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Córdoba le rechazara tomar declaración al alcalde de Córdoba, José María Bellido.
El juez rechazó la solicitud de que compareciera Bellido en plena campaña electoral de las municipales, pero Dorado presentó un recurso de reforma contra la decisión del togado. Hace una semana, el mismo juez de Instrucción 2 lo desestimó otra vez.
Prestaron declaración la concejal Blanca Torrent, un empresario y Pedro García como antiguo coordinador de Izquierda Unida