Los diez años de prisión para Luisa Ruiz, la mayor condena a un político en Córdoba
▶La exalcaldesa socialista acumula esa cifra en dos sentencias de la Rocket por prevaricación, falsedad documental, fraude en subvenciones y malversación
LA segunda sentencia dictada esta semana por la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba coloca ya a la exalcaldesa socialista de Peñarroya-Pueblonuevo María Luisa Ruiz como la política cordobesa con el mayor reproche penal en la historia. Los dos fallos judiciales consecutivos suman una condena de diez años y tres meses de cárcel a los que habría que sumar más de 20 años de inhabilitación como autora de numerosos delitos relacionados con la corrupción.
En esta segunda pieza del ‘Caso Rocket’ relacionada con los delitos de malversación y prevaricación de los Fondos Miner para la recuperación de la antigua cuenca minera, llueve sobre mojado, y asume —aunque la sentencia no es firme y puede ser recurrida— seis años y nueve meses de prisión y otras penas que suman más de 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Tanto en esta condena como en la anterior, el tribunal ha tenido en cuenta la concurrencia como atenuantes de las dilaciones indebidas de un proceso que ha durado más de 10 años.
Esta sentencia destaca respecto a las de otros políticos cordobeses como el alcalde Herminio Trigo, condenado a seis años de inhabilitación por un delito de prevaricación al nombrar al director del Gran Teatro; el exalcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo Miguel Martínez Múrez (PA), que fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos; le seguían en el banquillo otros ediles, como el exalcalde de Hornachuelos Julián López (GIH), condenado a dos años y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para cargo público.
No fueron los únicos, en cuanto a alcaldes socialistas, la Audiencia Provincial de Córdoba condenaba en 2013 a tres años de prisión al exregidor de la localidad de Fuente Palmera entre 1987 y 2003 Antonio Guisado (PSOE) por la supuesta comisión de un delito de falsedad en documento oficial y un delito de nombramiento ilegal para cargo público, tras el contrato supuestamente falso para la gestión tributaria local que presuntamente confeccionó él con el también condenado exsecretario e interventor municipal.
Además, la sección Tercera de la Audiencia de Córdoba condenaba en 2022 a dos años de prisión al exalcalde socialista de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Algallarín, dependiente del municipio de Adamuz, Juan Molina Sánchez entre 1999 y 2011 por un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Volviendo al caso Rocket, en esta segunda pieza, en la que también ha sido condenado el acusado C.G., presidente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español (Cehfe), el tribunal recoge que dada la relación de confianza que unía a la acusada Luisa Ruiz y al acusado C.G., las resoluciones adoptadas nunca hubiesen surgido de no haberse concertado ambos para ello y haberse puesto de acuerdo por la relación personal de confianza que les unía.
En la primera sentencia dictada a finales del pasado año, también por la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, la condena fue de tres años y seis meses de prisión por los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento público, así como a tres años y seis meses de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado con la urbanización de los polígonos industriales Vega Currillo y Antolín III con Fondos Miner injustificadamente durante su mandato.
Las resoluciones judiciales contra la exregidora de Peñarroya hacen especialmente sangrante el apoyo explícito que le brindó el PSOE hasta que salió del partido por el conflicto en la elaboración de las listas para las municipales de 2015. Cuando se produjo su detención en octubre de 2013, hay que tener en cuenta que era un miembro destacado de este partido. Había sido alcaldesa del municipio peñarriblense, era la líder local del PSOE y era miembro de la Ejecutiva regional del PSOE (vocal sin cartera).
ABC destaca a continuación algunos hitos del respaldo de los socialistas a Ruiz. El mismo día de la detención, el entonces secretario provincial de los socialistas, Juan Pablo Durán, consideró «prematuro» tomar decisiones en el PSOE andaluz sobre su continuidad o no como vocal de la Ejecutiva regional. Recurrió a un clásico en estas situaciones: pidió «respeto a la presunción de inocencia», pues, alegó, ya hubo casos que quedaron en nada. Luego, intentó sembrar dudas sobre lo sucedido. Sostuvo que le parecía «extraño el objeto de la investigación», pues los fondos Miner son programas «muy bien auditados».
Al día del arresto
Un día después del arresto, el entonces vicesecretario del PSOE andaluz, Mario Jiménez, también tiró de una expresión habitual en estas situaciones: mostró el «respeto» del partido a esta actuación judicial. Pero no evitó críticas por la «liturgia» en torno a la detención: «No parece necesario que las fuerzas y cuerpos de seguridad entraran en el Ayuntamiento como lo hicieron».
Semanas después, el entonces líder provincial del PSOE emitió un comunicado. Pese a que entonces ya había sido imputada por el juez por delitos contra la Administración, fraude y falsedad en documento público, hubo palabras de respaldo de Durán a Ruiz. Incidió en su «honradez mientras no se demuestre lo contrario».
Y usó como argumento, fallido a la vista de los acontecimientos posteriores, una cuestión: el juez «no dictó ni responsabilidad civil ni medidas cautelares contra Ruiz tras su declaración». Por todo ello, auguró que «el final de la investigación no sea el que muchos creen». «Ruiz ha estado desvivida por el bienestar y el desarrollo» de su localidad, sostuvo.
El momento cumbre de la defensa de Ruiz por parte del PSOE de Córdoba llegó en una reunión de militantes de este partido en Peñarroya. En ella, el que era en ese momento máximo responsable de los socialistas en la provincia, respaldó sin fisuras a la exalcaldesa y cargó con dureza contra la investigación, detrás de la que situó al PP. En cuanto al apoyo a la exregidora, una de las frases más elocuentes fue ésta: «Hay gente que cree que los gestos no valen. Cuando peor vemos a uno de los nuestros, tenemos la gallardía de decirle, compañera, aquí estamos».
La hemeroteca deja en evidencia la postura del PSOE de Córdoba tras las dos sentencias de la Audiencia Provincial