El PSOE chocará con la falta de respaldo de sus socios para abolir la prostitución
A pesar de que desde el Ministerio de Igualdad aseguran que la proposición de ley sobre prostitución que se empezará a tramitar la próxima semana en el Congreso es obra del Grupo Parlamentario Socialista, fue la ministra del ramo, Ana Redondo, la encargada de anunciar en Nueva York que esta propuesta ya está lista para su nuevo debate. Según el grupo aún no se ha registrado el documento en la Cámara Baja. Éste seguirá en líneas gruesas (con mínimos «retoques») el texto que ya defendió la pasada legislatura después de que la escisión por la ley del ‘solo sí es sí’ entre PSOE y Unidas Podemos fuese palmaria. Las fricciones entre los socios de gobierno motivaron que se extirpase la prostitución y la tercería locativa de la norma de Irene Montero para que saliese adelante.
Ahora, según avanzó Redondo, la propuesta volverá a recoger medidas abolicionistas, como esa tercería que es el castigo a los dueños de los burdeles o lugares donde se ejerce la prostitución; así como el cambio del artículo 187 del Código Penal en sus reformas de 1995 y de 2015 para castigar el proxenetismo en todas sus formas y que establecerá penas contra «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución». «No se penalizará a quienes ejercen la prostitución», dijo la ministra y se modificará la Ley de Extranjería para ayudar a las inmigrantes que la practican. Lo que quedará fuera, según otras fuentes consultadas por ABC, es un castigo a los clientes, al estilo de las legislaciones sueca y francesa.
No será abolicionista 100%
Redondo participa en la 68ª Comisión de la ONU desde el 11 de marzo y en rueda de prensa anunció que tanto la ley de Trata, que llevaba dos años paralizada, como la proposición abolicionista van a aterrizar en La Moncloa y en el Congreso para su curso en paralelo. Esas fuentes afean que se discutan por separado, cuando son temas intrínsecamente conectados.
En cualquier caso, el espinoso debate de la prostitución va a contentar a pocos: las asociaciones feministas preguntadas ven «frustrante» la incapacidad del Gobierno para impulsar una norma abolicionista 100% porque, por sus postulados iniciales, parece que el PSOE no va a contar con suficiente respaldo entre sus socios; mientras entidades que trabajan con el fenómeno –Apramp o Adoratrices–, confirman que no han sido tanteadas para elaborar unas leyes en las que tienen mucho que decir.