Las leyes inservibles
Si no tramitar una ilegalidad sería prevaricar, ¿qué es entonces admitirla?
Esu buena fe y criterio, los letrados del Senado incurren en una contradicción insalvable de difícil comprensión. No es culpa suya, sino de una de tantas normativas deficientes, contradictorias y paradójicas que nos condenan. En democracia siempre se presumió una lógica política con límites, una frontera entre la decencia legislativa y la abrasión del sistema. Quizás porque el legislador nunca pudo imaginar que presidiría el Gobierno alguien capaz de prescindir de principios básicos de conciencia, y que coaccionase a las instituciones para forzarlas a dictaminar como legal lo que es ilegal por aquello del constructivismo jurídico, el creacionismo legislativo y la perversión normativa. Hoy, el Estado se anula a sí mismo por respetar el principio de legalidad. Esa es la paradoja. Y la consecuencia final, una anomalía: un imperativo legal obliga al Senado a tramitar una ley, la de amnistía, de la que los letrados concluyen con firmeza que es una «reforma encubierta» de la Constitución y que la «dinamita». Y en caso de incumplirse ese imperativo legal –dar curso a toda norma que provenga del Congreso–, los miembros de la Mesa de la Cámara Alta prevaricarían. Traducido, es ilegal no tramitar una ilegalidad, lo cual reduce el sistema político al absurdo.
Si la base del dictamen es que el Gobierno incurre en un fraude de ley por reformar la Constitución por la gatera y sin mayoría cualificada, y si para ello sustituye un precepto constitucional –el que prohíbe los indultos generales– por una amnistía caprichosa ‘ad hominem’, los letrados están dando su aval a cursar una ilegalidad, por mucha contundencia con que la rechacen. El sinsentido cobra vida. Los padres de la Constitución sostuvieron que al prohibir los indultos generales se fulminaban las amnistías arbitrarias y creadoras de desigualdad. Hoy, no es que el PSOE lo reinterprete a su medida… es que inventa lo que nunca existió. El galimatías es peculiar. Quienes diseñan en 1978 un texto para prohibir las amnistías contemplan ahora cómo otros, convenientemente engrasados, delicadamente sumisos, interpretan por órdenes políticas que la letra y el espíritu de la Constitución dice justo lo contrario de lo que sus primigenios autores escribieron. Naturalmente que dinamita la Constitución, y con una mera mayoría absoluta.
Este proceso convierte a la Constitución en inservible. ¿Tendría lógica tramitar en el Senado una ley proveniente del Congreso que defendiese la pederastia, o los malos tratos, o la pena de muerte, cuando la amnistía lo hace con el terrorismo, la malversación o la traición? Si tramitar una ilegalidad flagrante es legal y socava de modo soterrado nuestra norma original, todo es una farsa. Si una ley lo permite, es inservible. Como la que permite que el fiscal general sea castigado por «desviación de poder» y no ocurra nada. Si prevaricar es negarse a tramitar una reforma oculta y prohibida de la Constitución, prevaricación debería ser también admitirla. Y eso ocurre cuando la ley consiente aceptar un desfalco contra sí misma. No es la garantía del sistema. Es solo su degradación, y eso da ventaja a quien no debería tenerla.