El cabeza de la trama pactó con el alcalde de Peñarroya seguir con el tren turístico
Carlos Guasch, que ha sido condenado a casi 5 años de prisión, firmó imputado en agosto un convenio con el regidor En el acuerdo ambas partes asumían que costearía la reposición y explotaría el proyecto que se iba a enjuiciar
El Ayuntamiento de Peñarroya firmó un convenio con el empresario y cabecilla de la trama del tren turístico del Guadiato, una de las piezas claves del caso Rocket, justo semanas antes de que dieran comienzo los juicios sobre el fraude en la gestión de los Fondos Miner y tras los que la exalcaldesa socialista Luisa Ruiz ha sido condenada en total a más de diez años de cárcel (sumando las dos causas vistas) y el citado empresario, Carlos Guash, a cuatro años y once meses de prisión por el entramado del proyecto turístico. Además, la Audiencia obliga a Guasch a tener que pagar al Consistorio peñarriblense 600.000 euros en concepto de indemnización, importes cobrados en su día por trabajos no realizados en torno a esa actuación.
El convenio, de siete páginas y al que ha tenido acceso ABC, pretendía retomar y explotar todo el proyecto del tren turístico del Guadiato, el vagón-restaruante así como el Museo del Ferrocarril toda vez que el mismo saltó por los aires en 2011 tras el cambio de corporación (del PSOE al PP) y, sobre todo, por el posterior estallido en 2013 de la operación Rocket, que puso a estas iniciativas y otras más pagadas con los fondos del Miner autorizados a Peñarroya en el centro de la investigación.
El 14 de agosto pasado, Carlos Guash y Víctor Manuel Pedregosa, alcalde actual de Peñarroya-Pueblonuevo por el PSOE, suscriben el convenio que tiene registro de entrada en el Consistorio el 8 de septiembre. Apenas 17 días después arrancaría el primer juicio de la Rocket tras más de diez años de instrucción y que sentaba en el banquillo a Luisa Ruiz. En concreto, el que abordaba irregularidades en la urbanización de polígonos industriales con esos fondos para reactivar las antiguas zonas mineras.
Guash sigue apareciendo en ese convenio como presidente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril y de la Compañía General de Ferrocarriles Turísticos, las dos entidades incluidas en la trama investigada durante diez años y por las que semanas después el empresario se sentaría en el banquillo de los acusados por el caso del tren turístico para luego ser condenado.
Es curioso cómo en el convenio no se cita en ningún momento las causas judiciales abiertas y a punto de ser juzgadas por entonces. Sólo se usa la expresión «extemporáneos motivos totalmente ajenos al proyecto» y luego hace un relato sobre los «quebrantos económicos» causados por esta interrupción a las entidades de Guash que «por pura responsabilidad social y cultural» se hicieron cargo de los bienes de titularidad municipal en liza asumiendo su custodia y mantenimiento.
La idea básica de este proyecto era recuperar máquinas y vagones de tren, activar un recorrido turístico desde Puertollano a Peñarroya, crear un Museo del Ferrocarril que explotarían las sociedades del empresario ahora condenado y rehabilitar documentación y materiales históricos relacionados con el apogeo minero de la zona. Como ha puesto de manifiesto la investigación y la sentencia de la Audiencia de Córdoba sobre esta trama, los vagones nunca aparecieron y se pagó dinero del fondo minero para trabajos no realizados. El convenio obligaba a Guasch a costear la reactivación del proyecto pero también le servía en bandeja el negocio derivado en una coyuntura en la que estaba imputado. Curiosamente, y así lo señaló la propia exregidora Ruiz en la vista sobre el tren turístico que arrancó hacia el 20 de octubre pasado, en las mismas fechas de la firma de este acuerdo y el arranque de las sesiones judiciales en Córdoba aparecieron el vagón-restaurante y dos pequeñas máquinas ligeras en Peñarroya de los que no hubo ape
El regidor peñarriblense dice que firmó para recuperar «el patrimonio municipal» y que valorará el futuro del convenio
nas noticias en una década antes (ver foto de la izquierda).
En concreto, el 22 de septiembre. Pedrosa calificó el hito de «día histórico para Pañerroya» y ofreció detalles del mismo en una rueda de prensa el mismo día que empezaba el primer juicio de la Rocket: el 25 de septiembre.
Versión del alcalde
El convenio entre Carlos Guasch y el Ayuntamiento refleja que el nuevo equipo de gobierno «desea reanudar» el proyecto al objeto de «de que la elevadas inversiones públicas hechas en su momento puedan finalmente arrojar réditos esperados». Todas las cláusulas posteriores recogen que serán las entidades que preside el empresario las que asuman los costes de rehabilitar, trasladar, montar y echar a andar el proyecto en su integridad, «ajustado a la realidad presente en algunos aspectos», que iba a ser motivo de juicio semanas después. E incluso se compromente ambas partes a que durante 2024 esté todo o casi todo en marcha.
Hay que tener en cuenta que faltaban locomotoras, vagones, colecciones históricas relacionadas con el ferrocarril, trazado ferroviario, acuerdos con ADIF para el uso de vías en desuso (Córdoba-Almorchón), contratación de personal, adecentamiento del llamado Almacén Central que iba a ser la sede del Museo del Ferrocarril.
¿Por qué firmó el alcalde este convenio con el horizonte judicial que había y cuál va a ser ahora su reacción tras la condena del otro firmante, deudor de 600.000 euros de las arcas municipales? Estas son dos preguntas que ABC trasladó ayer al joven edil socialista.
Respecto a la razón por la que firmó ese acuerdo, Víctor Pedrosa adujo que «el objetivo era recuperar patrimonio público municipal» y «lo hice siguiendo las recomendaciones del abogado del Ayuntamiento». El regidor socialista explica que siguió la directriz de que «todo lo que no estaba en manos de la Guardia Civil, podía recuperarse». Preguntado varias veces sobre qué camino seguirá ahora que se conoce la condena del empresario, Pedrosa no quiso contestar y sólo se remitió a una reunión pendiente con el abogado del Ayuntamiento para valorar la sentencia y el futuro de ese acuerdo del 14 de agosto.