Los amaños en pruebas selectivas desbordan a la Oficina Antifraude
Pide refuerzos tras recibir en un 1.300% más de denuncias en el último año
Levantar las alfombras en las administraciones públicas andaluzas no está siendo una tarea sencilla. Tras año y medio funcionando a pleno rendimiento, la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) tiene que pedir refuerzos para lidiar con el aluvión de denuncias de fraude que llega cada día al despacho de su director, el magistrado en excedencia Ricardo Puyol. El suyo y el de su equipo es un trabajo titánico, de lo que dan prueba las 464 denuncias de particulares o entidades jurídicas sobre fraude, corrupción y conflictos de intereses que ha recibido a lo largo del año 2023, un 1.300 por ciento más de las registradas en el ejercicio anterior (35), cuando aún funcionaba a medio gas. De los 501 asuntos contabilizados hasta final del pasado año, 315 han derivado en procedimientos de investigación e inspección.
Puyol entregó ayer al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, la memoria que recoge las actuaciones más relevantes desarrolladas desde el 1 de junio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.
Las situaciones relacionadas con procesos selectivos, nepotismo o favoritismo en las contrataciones de personal y recursos humanos son los campos que más denuncias acaparan. Representan nada menos que el 50% de las investigaciones de la OAAF. La siguiente materia que ha copado más procedimientos ha sido la relativa a autorizaciones, licencias, situaciones de calificación ilegal de terrenos, desprotección de espacios protegidos o vertidos ilegales con un 15%, seguida de asuntos como el abuso de contratos menores y otras prácticas de contratación pública irregulares que alcanzan el 13%, según informa la OAAF en una nota de prensa.
Ayuntamientos, a la cabeza
En cuanto a las entidades denunciadas, la que integran la Administración local copan el 52% de las denuncias, mientras que la administración autonómica y sus empresas dependientes registran el 31%. El elevado número de investigaciones en el ámbito local puede deberse a la escasez de recursos de control, sobre todo en el marco de los ayuntamientos más pequeños, dado que muchos carecen de personal de fiscalización propio ya que lo comparten con otros municipios.
En año y medio de vida, la Oficina ha abierto nueve procedimientos sancionadores y ha dado trasladado al Ministerio Fiscal de cuatro denuncias sobre al apreciar indicios de delito.
Si continúa la tendencia actual, este organismo independiente de extracción parlamentaria espera superar el registro del último año. No han pasado ni tres meses desde 2023 y la oficina ya ha recibido 240, lo que hace pensar que se alcanzará el millar de denuncias en este ejercicio. Ante el incremento exponencial de asuntos, desde la oficina avanzan que van solicitar al Parlamento reforzar los recursos que tiene asignados con el objetivo de garantizar la calidad y cantidad de sus investigaciones.
En año y medio de vida, la entidad ha abierto 315 investigaciones, de las que cuatro se han remitido a la Fiscalía al apreciar delitos