Hong Kong aprueba su Ley de Seguridad Nacional para blindar el triunfo del autoritarismo
La nueva legislación comprende 39 delitos y apuntala el poder de Pekín sobre la ciudad
El lugar que fue queda cada vez más lejos. Hong Kong aprobó ayer su Ley de Seguridad Nacional, prolongación local del marco jurídico impuesto por China que en 2020 puso fin a los derechos y libertades cuasidemocráticos del territorio. Por medio de esta nueva legislación, el autoritarismo sella cualquier resquicio pendiente para blindar su imposición incuestionable.
La nueva Ley de Seguridad Nacional comprende 39 delitos, cuatro de ellos –la traición, la insurrección, la incitación a amotinarse a miembros de las fuerzas armadas chinas y la conspiración con fuerzas extranjeras para dañar la infraestructura pública– penados hasta con cadena perpetua, el mayor castigo del ordenamiento hongkonés.
Esta normativa implementa el artículo 23 de la Ley Básica que regula el territorio. Este establece que «la Región Administrativa Especial de Hong Kong promulgará leyes por su cuenta para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Popular Central o robo de secretos de Estado, para prohibir que organizaciones políticas extranjeras realicen actividades políticas en la Región».
La Ley Básica representa una Constitución abreviada, imperante desde la devolución de soberanía en 1997, la cual blindaba los derechos y libertades del territorio –hasta el punto de prever también la instauración del sufragio universal pleno– en al menos medio siglo, plazo de tiempo del que a China le ha sobrado la mitad, en vulneración flagrante de su acuerdo internacional más importante. Ahora bien, el régimen chino no siempre se mostró tan envalentonado, motivo por el cual en décadas precedentes presionó para desarrollar el citado artículo 23 como una manera de levantar una primera empalizada.
La primera acometida tuvo lugar en 2003, cuando el Ejecutivo local presentó un proyecto legislativo en base al artículo 23. La propuesta despertó el rechazo masivo de los ciudadanos, expresado mediante una manifestación que sacó a la calle a medio millón de personas. El Gobierno acabó por recular ante la imposibilidad de tramitar la ley en LegCo, el órgano parlamentario.
A partir de entonces, los hongkoneses rechazaron con movilizaciones cada recorte de sus libertades. El último episodio tuvo lugar en junio de 2019, en forma de proyecto de ley de extradición. Así estalló una protesta de magnitudes nunca vistas, con más de un millón de personas en un territorio de siete tomando las calles hasta en tres ocasiones en apenas dos meses. La incapacidad para reaccionar del Ejecutivo local elevó el desafío a cita semanal. Los manifestantes se convirtieron en una suerte de guerrilla urbana que campaba a sus anchas por el centro de la ciudad.
Marco represivo
En marzo de 2020 el régimen impuso desde Pekín su Ley de Seguridad Nacional, la cual castiga hasta con cadena perpetua todo acto considerado «separatismo, terrorismo, subversión de los poderes del Estado o confabulación con fuerzas extranjeras». El Ejecutivo local de Hong Kong se sirvió de este marco jurídico para acabar con los partidos prodemocracia, los medios de comunicación y la sociedad civil.
Veintiún años después de aquel primer acercamiento al artículo 23, la escena de hoy ilustra todo lo que ha cambiado. La nueva Ley de Seguridad Nacional local ha contado con el apoyo unánime de un LegCo copado por «patriotas», con toda la oposición fuera de la política, en el exilio o en la cárcel. El jefe del Ejecutivo local, John Lee, ha celebrado la votación como «un momento histórico para Hong Kong» y ha presidido un retrato de todos los favorables, es decir, todos, ante el estrado.
Lee ha asegurado que la nueva ley tiene un alcance más completo que su predecesora china, ya que esta última estaba diseñada para abordar los «disturbios» de 2019. Como aquella, también contará con una cláusula de extraterritorialidad, por lo que podrá perseguir no solo en Hong Kong, sino en todo el mundo, aquellos comportamientos caracterizados como delitos, lo que podría suponer una amenaza para la libertad de expresión a nivel global. Tras ser presentada hace dos semanas, la ley entrará en vigor el 23 de marzo.
China ha reforzado su control sobre el territorio a pesar de las protestas de los hongkoneses para evitar recortes de libertad