Aragonès quiere un cupo catalán para recaudar todos los impuestos
▶Presenta una reforma de financiación para que la Generalitat tenga «la llave de la caja» y capacidad normativa ▶La iniciativa incluye dos pagos al Estado por los servicios prestados, sin cuantificar, y que decidiría Barcelona
Era una de las iniciativas estrella del Govern catalán monocolor de ERC –junto a la propuesta de un referéndum de independencia– y será uno de los ejes de la campaña de Pere Aragonès de cara a las elecciones del 12 de mayo. Que la Generalitat recaude, gestione y tenga capacidad normativa sobre todos los impuestos generados en Cataluña y por las empresas catalanas. O, lo que es lo mismo, tener el control absoluto del dinero público que se mueve en la comunidad y, por otro lado, poder desconectar financieramente, si se da el caso político adecuado.
La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, presentó al Govern, en la reunión ordinaria de este martes, la propuesta de financiación singular para Cataluña que consiste, básicamente, en que todos los impuestos vinculados con la comunidad se recauden por la administración autonómica y cuya gestión se equipara al del sistema foral vasco y navarro, con un cupo por el servicio prestado por el Estado.
De esta manera, el Govern de Aragonès propone que, en la práctica, la Generalitat salga del régimen común de financiación autonómica, si bien su propuesta pasa por una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) que incluya la «singularidad» de Cataluña, como existe la de las Canarias, por ejemplo, por su insularidad.
El proyecto, un encargo a la consejera Mas del presidente de la Generalitat a finales del año pasado, se convertirá en uno de los pilares electorales de ERC, una vez que desde ayer Cataluña está oficialmente en un proceso electoral con la vista puesta en el 12-M. El objetivo de Aragonès es que la Generalitat tenga una relación bilateral,
Juan Bravo
y no multilateral, con el Gobierno y el resto de instituciones nacionales. Así, la propuesta es «un cambio de paradigma para dejar atrás décadas de injusticia», según dijo la consejera.
Si la propuesta de financiación de Aragonès se lleva a cabo, tras las correspondientes reformas legales, la Generalitat pasaría de recaudar el 9% de los impuestos que se generan en la región –según la cifra aportada por el Govern– a tener el control del cien por cien de todos ellos. «Tendríamos la llave de la caja de 52.000 millones de euros, el doble de la actualidad», indicó Mas, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern para presentar el proyecto, y defendió que Cataluña tendría «autonomía financiera».
«Soberanía fiscal plena»
Para el Govern, la propuesta consiste en avanzar hacia la «soberanía fiscal plena» y, por lo tanto, la Generalitat asumiría las figuras tributarias más importantes como las del IVA, el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y, entre otros (todos, en realidad), los impuestos especiales. Igualmente, el objetivo de la propuesta también incluye «la capacidad normativa para regularlos». Una posición que convertiría a la administración autonómica catalana al mismo nivel de la del País Vasco y la de Navarra.
Mas incidió en uno de los argumentos utilizados por los partidos independentistas en los últimos años, como es el de que el sistema de financiación actual –pactado por el PSOE y CiU en 2009 y acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera– permite un «déficit fiscal» de 22.000 millones de euros al año (9,6% del PIB catalán). Un dinero que, en opinión del Govern, «se va de Cataluña y no vuelve».
Además, la consejera, que mantuvo un mensaje victimista, reiteró que el Estado lleva a cabo una «deslealtad institucional» permanente con la Generalitat y puso de ejemplo que «el Estado ha modificado impuestos sin consultar» con ellos, lo que habría
Portavoz de Economía del PP
«Cualquier nuevo modelo de financiación debe negociarse de manera multilateral y por el cauce legal que supone el Consejo de Política Fiscal y Financiera»
afectado a las cuentas catalanas.
En el modelo propuesto, que Aragonès presentará en Madrid hoy, ante los medios, en un almuerzo, se añaden «dos instrumentos adicionales» que complementan la recaudación de todos los impuestos con dos transferencias al Gobierno. Por un lado, una «contraprestación por los servicios» que la Administración General del Estado presta en la comunidad, «como las políticas de defensa o la Administración de Justicia» y también la acción exterior y el coste de la Corona; y un «fondo de reequilibrio territorial» destinado «a aquellas comunidades autónomas con menor capacidad económica».
Eso sí, en ambos casos, este cupo (en terminología equiparable al modelo vasco y navarro) sería a voluntad de la Generalitat, pues la cantidad final debería contar con su visto bueno,
Jordi Turull Secretario general de Junts
«Es un panfleto electoral. Una propuesta poco seria y con poca credibilidad»
María Jesús Montero Vicepresidenta primera
«La negociación de la financiación se hará en el entorno de la Constitución y los estatutos. No creo que quepa un sí a esa propuesta»
Pere Aragonés y la consejera de Hacienda, Natàlia Mas y el modelo no concreta ni el porcentaje ni la cantidad a transferir. Sobre este asunto, Mas se negó en varias ocasiones, a preguntas de los periodistas, a concretar hasta dónde estaría dispuesta la Generalitat a contribuir con la «solidaridad» del conjunto de España. «Queremos poner de relieve que el modelo es una anomalía. Concretamos lo máximo que podemos, no podemos ir a una negociación (con el Gobierno, para la reforma de la financiación autonómica) enseñando las cartas que condicione la negociación. No condicionaremos la negociación poniendo una cifra», se limitó a añadir.
En esta línea, la consejera catalana de Economía y Hacienda definió el documento, titulado ‘Financiación singular. Propuesta de financiación justa para Cataluña’, como «una propuesta que paraliza cuatro décadas de injusticia» del Estado con la región. Igualmente, en relación a la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, que se llevará a cabo entre el Gobierno y las autonomías, adelantó que «no iremos a una negociación multilateral», descartando así que tenga previsto acudir –en caso de que siga en el cargo tras las elecciones del 12-M– a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para negociar y aprobar la financiación autonómica cuando se convoque.
Por último, Mas envió un mensaje al PSOE y al Ejecutivo de Pedro Sánchez, en relación a la decisión del Gobierno de renunciar a aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2024: «El acuerdo de investidura de la condonación del FLA (15.000 millones de euros, pactado con ERC) se tiene que producir. Estos acuerdos no pueden saltar por el aire, porque si no la investidura no sigue adelante».
El Gobierno, de perfil
Poco después de la presentación en Barcelona de la propuesta de financiación singular para Cataluña, en Madrid el Gobierno se puso de perfil y optó por no pronunciarse sobre una propuesta, que según los expertos volaría los resortes de la solidaridad interterritorial que sustentan el actual modelo de financiación autonómica.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, esquivó las preguntas al respecto con una reflexión general sobre que cualquier reforma del sistema debe surgir del diálogo entre todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda, y únicamente advirtió de que «es clave que el sistema de financiación sirva para generar una suficiencia de recursos para todas las comunidades autónomas».
Un poco más clara fue la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien dijo que la negociación se hará «en el entorno de la Constitución y de los estatutos de autonomía» y preguntada sobre si entonces el Gobierno no da no tajante al pacto fiscal planteado por la Generalitat admitió que «un sí no creo que quepa», informa Mariano Alonso.
El portavoz de Economía del PP, Juan Bravo, reiteró ayer que cualquier reforma de la financiación debe canalizarse de forma multilateral por el cauce del Consejo de Política Fiscal, donde están representadas todas las autonomías de régimen común.