La ley antiprostitución pone el foco en los dueños de burdeles y sancionará a los clientes
▶El PSOE retoma en el Congreso una propuesta abolicionista que no cuenta con el apoyo de sus socios de gobierno ni contenta a los grupos feministas
No hubo sorpresas. El PSOE presentó ayer en el Congreso su propuesta de ley para abolir la prostitución en España, una iniciativa que no pudo salir en la anterior legislatura y abrió nuevas grietas con Podemos. La propuesta del PSOE, en realidad, es una ley que se limita a castigar el proxenetismo en todas sus formas y sanciona con multas a los clientes, pero no regula ni prohíbe el ejercicio de la prostitución.
La medida no contenta a casi nadie. Ni a sus socios de gobierno, como Sumar, que optan por la regulación de la prostitución siempre que no haya explotación de la mujer, ni a los colectivos feministas que confiaban en una norma realmente abolicionista y más dura contra los clientes, como ya tienen Suecia, en la que no solo se sanciona sino se criminaliza con penas de prisión a quienes usan y pagan por los servicios de una prostituta.
El PSOE asegura dar un paso hacia la abolición, aunque su ley no prohíbe el ejercicio de la prostitución. Ayer durante su presentación en rueda de prensa, Patxi López, introdujo el matiz: «Abolir no es prohibir. Abolir es hacer que desaparezca por todos los medios. Y, entre otros, condenar a los proxenetas por explotar a mujeres en este país. Hablaremos con todas las formaciones políticas que estén de acuerdo en que esto salga adelante», insistió.
Contra el proxenetismo
La propuesta del PSOE carga contra los dueños de los burdeles y quien induzca a la prostitución. Así, se propone la modificación del artículo 187 del Código Penal para endurecer los castigos a los proxenetas con penas de prisión de tres a seis años y multa de 18 a 24 meses a los que «empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución».
También se impondrá pena de prisión de dos a cuatro años a quien «con ánimo de lucro» facilite la prostitución «incluso con el consentimiento de la misma». Si el proxeneta fuera agente o funcionario público, se aplicará además de la pena una inhabilitación absoluta de seis a doce años. Las penas más graves recaerán cuando se trate de jefes de organizaciones criminales, cuando se ponga en peligro la vida o salud sexual de la víctima o si esta se encuentra en estado de gestación».
Habrá penas de prisión para los propietarios de burdeles que oscilan entre los dos a cuatro años de prisión y multa de 18 a 24 meses: «El que, con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento a promover o facilitar la prostitución», aún con su consentimiento.
Para los consumidores de prostitución no habrá reproche penal, aunque sí multas. La nueva propuesta introduce un nuevo artículo (187 ter) en el que se proponen sanciones para los clientes: «El hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, será castigado con multa de doce a 24».
En el caso de que la persona prostituida fuese menor de edad o en situación de vulnerabilidad, sí se impondrá la pena de prisión de entre 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses.
«En ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución», se detalla en la propuesta de ley socialista.
«Un gran acuerdo de país»
La portavoz de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, defendió como Patxi López que la proposición de ley es el inicio de un camino «para acabar con la prostitución». Consciente de la falta de apoyos que su propuesta puede tener en el Congreso, hizo un llamamiento «a todos los grupos parlamentarios» para que secunden y trabajen en el texto, para que «este inicio de camino para la abolición de la prostitución cuente con el apoyo mayoritario» de todos ellos.
A la pregunta de si han negociado con Sumar antes de registrarla en la Cámara Baja, Fernández respondió entre evasivas: «Nuestra intención es hablar con todos los grupos parlamentarios y que este sea un gran acuerdo de país», ha dicho. Entre ellos, el Partido Popular, que ya admitió a trámite la proposición anterior. «El PP votó a favor y por tanto, deseamos poder volver a contar con ese apoyo y por supuestísimo, también hablaremos con Sumar», dijo sobre su socio mayoritario en el Ejecutivo.
En Sumar el malestar es palpable. Días antes, ya advirtió que no apoyarían la ley y en el mismo sentido se pronunciaron desde Compromís. Ahora, una vez conocida la determinación del PSOE, el rechazo es tajante dentro de la cuota catalana en Sumar, desde donde se critican los tiempos: una ley polémica en medio de un calendario electoral.
El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha insistido en que valorarán la ley socialista cuando la conozcan. Pero matizó que están «a favor de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y de los avances en los derechos de las mujeres». «No vamos a apoyar ningún retroceso», avisó.
La prostitución no es un problema menor en España. Tal y como expuso la secretaria de Igualdad del PSOE , según datos del Ministerio del Interior, unas 40.000 mujeres se encuentran en situación de prostitución en nuestro país. «Para el Grupo Parlamentario Socialista esto es incompatible con un Estado democrático y de derecho como el nuestro, y, por tanto nos impulsa a caminar en la dirección de eliminar esta forma de violencia machista», defendió.
Se prevén entre tres y seis años de prisión para los proxenetas, y entre dos y cuatro años para los dueños de clubes de alterne