EE.UU. lanza un plan para que sus coches sean eléctricos en 2032
El 67% de las ventas deberán ser vehículos no contaminantes, de batería o híbridos
El Gobierno de Joe Biden anunció ayer una nueva regulación sobre emisiones de vehículos que exigirá a la industria de la automoción que la mayoría de los coches que se vendan en 2032 sean eléctricos o híbridos.
Los nuevos estándares de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en sus siglas en inglés) abren una nueva batalla judicial –será combatido en tribunales por la industria energética y por autoridades estatales republicanas– y un nuevo frente electoral: Donald Trump, el rival de Biden en las presidenciales del próximo noviembre, se ha mostrado cada vez más combativo contra el coche eléctrico y ha prometido revertir la gran mayoría de las iniciativas medioambientales del actual presidente estadounidense.
«Hace tres años, impuse un objetivo ambicioso: que la mitad de los nuevos coches y camiones que se vendieran en 2030 fueran de cero emisiones», dijo Biden en el comunicado. «Juntos, hemos conseguido un progreso histórico. Cientos de ampliaciones de fábricas en todo el país. Miles de millones de inversión privada y miles de puestos bien pagados, dentro de los sindicatos. Y conseguiremos mi objetivo para 2030 y aceleraremos en los años siguientes».
Los nuevos estándares, sin embargo, van un poco más lentos de la primera propuesta de la EPA, que se presentó en abril del año pasado. Entonces, la exigencia era que el 67% de todos los nuevos coches y camiones ligeros fueron eléctricos para 2032. Aquello resultó excesivo para los poderosos sindicatos del sector de la automoción, que protagonizaron en septiembre una huelga histórica de los tres grandes fabricantes de Detroit: Ford, General Motors y Stellantis. La principal preocupación de los líderes sindicales es que la transición rápida al sector eléctrico podría eliminar los buenos salarios de esta industria, ya que buena parte de la fabricación de los coches eléctricos es en estados sureños, con menos presencia de los sindicatos.
El líder del gran sindicato de la automoción, la Union Auto Workers (UAW), Shawn Fain, optó por bloquear su apoyo a la candidatura a la presidencia de Biden –muy valioso, en especial en un estado como Míchigan, donde está Detroit, clave para las elecciones– si esa situación no se resolvía. Tras conseguir garantías de que la transición se ralentizaría, la UAW dio su apoyo a Biden este enero y Fain apareció entre los invitados de Biden en su discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso de comienzos de este mes.
Finalmente, los estándares de la EPA mantienen ese 67%, pero permiten a los fabricantes que el 56% sea de coches eléctricos y que haya un 13% de híbridos.
Pese a todo, los nuevos estándares exigirán una transformación radical del sector de la automoción. Pese al crecimiento del coche eléctrico y de la estructura de carga necesaria para que sea funcional, con un récord de 1,2 millones de vehículos vendidos el año pasado, el sector solo representa el 7,6% de las ventas de coches en la primera potencia mundial.
Esa transformación es indispensable para que la Administración Biden cumpla con sus propios objetivos de cambio climático, para los que se ha impuesto una reducción de la mitad de las emisiones totales de EE.UU. para el final de esta década.
Antes de eso, Biden tendrá que sobrevivir a las urnas en noviembre, en un contexto económico que hasta ahora no le ha ayudado y en el que muchos verán los nuevos estándares no como una inversión, sino como un coste. Las regulaciones medioambientales estimulan a una parte del electorado –jóvenes y sector izquierdista–, pero quizás tiene más peligros que ventajas. El lobby de la industria de combustibles fósiles, la American Fuel & Petrochemical Manufacturers, ya ha comenzado una campaña publicitaria millonaria para atacar lo que califican como «la prohibición al coche de la EPA de Biden». Lo han hecho en varios estados clave de las elecciones, los que dan y quitan la Casa Blanca –Pensilvania, Nevada, Wisconsin y Arizona, además de Míchigan– y en otros como Ohio y Montana. Varios fiscales generales de estados republicanos han anunciado que buscarán impugnar los nuevos estándares.
Los nuevos estándares serán combatidos en los tribunales por la industria y abren un nuevo frente electoral con Trump