Varapalo del CGPJ al Gobierno: también considera inconstitucional la ley de amnistía
Aprueba por mayoría el informe que denuncia la vulneración de los principios de igualdad y separación de poderes
Con la misma rotundidad que la expresada por los letrados del Senado hace apenas tres días, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer por mayoría un informe que califica de inconstitucional la ley de amnistía. Con nueve votos a favor, cinco en contra y dos en blanco, entre ellos el del presidente, Vicente Guilarte, el órgano de gobierno de los jueces respaldó el borrador del vocal Wenceslao Olea, en el que se asegura que la ley del perdón de Sánchez no responde a ningún «interés general» y vulnera derechos y principios constitucionales como la igualdad o la separación de poderes.
El informe, elaborado a petición del Senado, critica, además, la indeterminación de la norma, su tramitación y el ámbito temporal que cubre, aspectos que también han recogido en sus respectivos informes la Comisión de Venecia o los letrados de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.
Los nueve vocales, todos de la mayoría conservadora, recuerdan que, en contra de lo que se proclama, esta ley tiene como «causa directa e inmediata» el acuerdo del pasado 9 de noviembre entre el PSOE y Junts per Catalunya que posibilitó la investidura.
Apuntan que el hecho de que la Constitución excluya de manera consciente la amnistía exige al legislador justificar la adecuación de la proposición «a todos y cada uno de los valores, principios y condiciones que la Carta Magna impone a la potestad legislativa», lo que «no se aprecia» aquí.
En opinión del órgano, la ley «socava» el derecho a la igualdad, ya que «no se justifica en los adecuados términos de idoneidad y proporcionalidad el trato diferencial más beneficioso de los sujetos abarcados por la amnistía en relación con el resto de los ciudadanos». También el principio de separación de poderes, pues «conforme a la regulación constitucional, no resulta admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto» las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución, como ocurre con los indultos particulares.
Los vocales aseguran que el texto «no justifica que nos encontremos ante una ley razonable, proporcionada y adecuada a los fines que se pretende conseguir» y tampoco se respeta, dicen, el principio de seguridad jurídica, porque la «amplia indeterminación» de los preceptos llevará a los jueces a tener que interpretar la ley con la consiguiente crítica social y política.
Además, critica la tramitación como proposición de ley y considera que, a la vista de la «excepcionalidad jurídica» y «trascendencia de la norma», debería haberse optado por el proyecto de ley, que obligaba a recabar informes de los órganos consultivos, aunque no fueran vinculantes.
Voto en blanco de Guilarte
El presidente del órgano, Vicente Guilarte, justificó su voto en blanco en que, pese a participar de muchas de las reflexiones de los informes debatidos –tanto el de Wenceslao Olea como el de la progresista Mar Cabrejas–, debería haberse profundizado en el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts como la causa «real y onerosa» de la proposición de ley, cuya legalidad debió ser analizada a la luz de ese pacto.
También recordó en el Pleno que ese acuerdo contempla la creación de comisiones parlamentarias de investigación que eventualmente puedan responsabilizar a los jueces, lo que «a todas luces», dijo, es contrario a la independencia judicial y a la división de poderes.
Por su parte, el vocal Enrique Lucas, justificó su voto en blanco en que no comparte con la mayoría que la Constitución «haya proscrito de manera absoluta la posibilidad de que las Cortes aprueben leyes de amnistía» y que estas supongan, por definición, «una quiebra del principio de separación de poderes, atenten contra la independencia judicial y vulneren la igualdad ante ley». Lucas cree que la Carta Magna sí las admite «o, si se prefiere, las tolera si bien con carácter absolutamente excepcional y, por supuesto, siempre que respeten los límites deducibles, tanto de sus previsiones concretas como de los valores y principios que consagra».
A su juicio, lo «esencial» es que las leyes de amnistía se ajusten a los estándares de la Comisión de Venecia sobre las condiciones en las que se han de elaborar y aprobar, más aún cuando no existe una previsión sobre ellas en la norma fundamental, como es el caso. Lucas tampoco se adhiere al informe de la minoría porque no comparte que el CGPJ no pueda opinar sobre la constitucionalidad de la ley. Es un planteamiento «erróneo e injustificado que transmite que no se puede analizar la constitucionalidad de una iniciativa legislativa por el hecho de que tenga una dimensión esencialmente política».
La Constitución no la prohíbe
Por último, en un voto particular conjunto, que en realidad es el informe que quedó en minoría, el de la vocal Mar Cabrejas, los cinco vocales progresistas declinan analizar la constitucionalidad de esta ley concreta. Sí señalan que «no existiendo una prohibición expresa en la Constitución para aprobar una amnistía, el legislador puede adoptar este tipo de medida».