El Supremo obliga a García Ortiz a informar al fiscal que denunció maniobras en su contra
Sentencia que Stampa tiene derecho a acceder a su expediente aunque la Fiscalía lo archivara
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado en favor del fiscal Ignacio Stampa y ha obligado a la Fiscalía General del Estado a proporcionarle copia íntegra de un expediente que en su día le abrió la Inspección. El órgano que preside Álvaro García Ortiz le había negado acceso a esos documentos aduciendo que aquel expediente ya estaba archivado y que el derecho del interesado a conocer las actuaciones administrativas que le afectan se limita a saber de su existencia y del estado de su tramitación, no a su contenido.
Para el Supremo, por contra, «de aquí no se sigue que las personas con un interés legítimo no tengan derecho a conocer la información recogida en procedimientos administrativos ya concluidos ni menos aún que no tengan derecho a conocer datos relativos a ellos». «Es especialmente claro cuando de empleados públicos se trata, pues su situación de dependencia respecto a la Administración exige que haya medios adecuados de garantía y protección», dice la resolución, a la que tuvo acceso ABC. Subraya el Alto Tribunal que «los miembros de la Carrera Fiscal tienen derecho en todo momento a conocer los datos recogidos en su expediente personal». «Esta norma es muy clara. Frente a ello, no resulta convincente aducir, como hace la Abogacía del Estado, que en el expediente personal sólo se anotan
las resoluciones sancionadoras», dicen los magistrados del Supremo.
Stampa fue el fiscal que puso en pie el caso Villarejo. Perdió la plaza en Anticorrupción cuando, siendo fiscal general del Estado Dolores Delgado, el Consejo Fiscal no le propuso atendiendo a la existencia de una inspección tras una denuncia sobre unas publicaciones en prensa que sugerían revelación de secretos a Podemos, acusación popular en aquella causa. Su compañero, Miguel Serrano, era objeto de denuncia también y sí consiguió la plaza. La cuestión es que el fiscal de Madrid que hubo de investigar a ambos propuso en dos ocasiones archivar las diligencias porque no veía ninguna conducta reprochable, pero desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, que dirigía el propio Álvaro García Ortiz, se fueron dando indicaciones para practicar más prueba. De ahí que, cuando llegó el momento de los nombramientos, ese expediente estuviese abierto, aunque acabó en nada semanas después.
Stampa, que ahora se desempeña en la Fiscalía de Madrid, comenzó a reclamar documentación de aquellas actuaciones y cuantas se hicieran sobre su persona en la Inspección y esta es la tercera vez que se le da la razón. Las dos primeras lo fueron en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde antes de que se finalizase la tramitación de la demanda la Fiscalía General accedió a sus pretensiones y le entregó documentación. Una de las resoluciones impuso las costas a la Fiscalía, como ahora ha hecho el Tribunal Supremo.
Pero tiene más frentes abiertos: tres demandas en el Supremo por otras tantas negativas de la Fiscalía General a proporcionarle información y otra que ha impulsado en la Audiencia Nacional por desviación de poder en la investigación interna que se prolongó sobre él y que, conforme señala, acabó condicionando el concurso en el que le dejó sin plaza.