Baleares reclama a la trama de Koldo los 3,7 millones que le pagó Armengol

▶ Dice que la empresa no tenía capacidad para contratar ni solvencia técnica o económica

El Gobierno balear, que preside Marga Prohens (PP), abre una nueva vía administrativa para recuperar los 3,7 millones de euros íntegros que la anterior presidenta regional, Francina Armengol (PSOE), pagó en 2020 por un lote de mascarillas defectuosas que le proporcionó la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, ahora investigada por la presunta trama vinculada a Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos.

El actual director general del Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut), Javier Ureña (PP), notificó ayer el inicio de esta nueva reclamación administrativa por valor de 3,7 millones de euros y no por los 2,6 que proponía el anterior gobierno de Armengol. Ante los «pocos visos de prosperar», Ureña opta por el desistimiento del primer expediente que él mismo firmó el pasado 24 de agosto, siguiendo una propuesta de reclamación que los socialistas dejaron sobre la mesa el último día de legislatura, el 6 de julio, sin ejecutar. Este cómputo beneficiaba a la empresa de la trama de Koldo, ya que sólo reclamaba la diferencia de precio entre la mascarilla FFP2 pagada y la quirúrgica que se recibió, pese a que fue un lote inservible de casi 4 millones (con los gastos).

Uno de los principales escollos con los que se ha encontrado el actual equipo del Servicio de Salud es que los anteriores responsables mostraron su satisfacción con el material proporcionado, pese a saber desde el primer momento que no cumplía el mínimo de calidad para proteger al personal sanitario, como certificó un informe del Centro Nacional de Medios de Protección. Soluciones de Gestión se aferra a este documento de conformidad del subdirector de compras de Armengol para no devolver el importe defraudado, alegando que la reclamación es «extemporánea» y tardía.

Ante esta situación, el Servicio de Salud, ahora en manos del PP, cambia de estrategia e inicia una nueva reclamación administrativa. Considera que existen elementos suficientes para declarar la nulidad del acto de adjudicación del contrato e iniciar un nuevo procedimiento de revisión de oficio para reclamar los 3,7 millones de euros.

La nueva vía se fundamenta en que la empresa no cumplía con ninguno de los requisitos necesarios para recibir un contrato. En primer lugar, por la falta de capacidad para contratar el suministro, puesto que el objeto social de la empresa no tenía nada que ver con el suministro de material sanitario.

En segundo lugar, por la falta de solvencia económica de la empresa, dado que la actividad de sus cuentas constata que no guardaba relación con el ámbito del contrato. Por último, por la falta de solvencia técnica, ya que la mercancía que se recibió no cumplía con las especificaciones técnicas solicitadas (se pidieron mascarillas FFP2 y se recibieron quirúrgicas).

«Iremos por todas las vías para recuperar los 3,7 millones que se pagaron a la empresa de la supuesta trama para la compra de unas mascarillas que no cumplían con la calidad requerida y que han acabado caducando en un almacén, situación de la que lamentablemente la actual administración no fue informada en el traspaso de poderes», criticó el responsable del Servicio de Salud.

En esta resolución de desistimiento también se ha corregido un «defecto de forma» que hacía referencia a la duración del procedimiento y que «por error» indicaba que eran tres meses en vez de ocho, desde el pasado 24 de agosto. Ureña recordó que éste es el plazo que recoge el artículo 212.8 de la Ley de Contratos del Sector Público y la Junta Consultiva de Contratación de Baleares y que «ése es el plazo con el que hemos trabajado». Soluciones tiene ahora diez días hábiles para presentar las alegaciones y acceder al expediente administrativo. El plazo de esta nueva reclamación es de seis meses.

Esta nueva vía se suma a la penal, que permanece abierta. En los próximos días, el Servicio de Salud, a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, justificará ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que existen «motivos claros y suficientes» para personarse y reclamar todo el importe del contrato de compra, «atendiendo al perjuicio que sufren el Gobierno de Baleares y, por tanto, sus ciudadanos».

El Gobierno de la popular Prohens abre una vía administrativa para recuperar el dinero mientas no renuncia a la penal