El revés judicial a la concesión a dedo de fondos amenaza ayudas de 200 millones
▶La anulación de las subvenciones con recursos europeos asignadas a agentes sociales pone en el punto de mira varios programas del Ingreso Mínimo Vital
Invocar la crisis del Covid y la guerra de Ucrania para obviar la convocatoria pública de subvenciones no tiene justificación en un momento en el que ya se daba un desenvolvimiento ordinario de las actividades ciudadanas. La argumentación con la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha sostenido su decisión de anular las subvenciones por 30,6 millones de euros que el Ministerio de Trabajo adjudicó de forma directa a CEOE, Cepyme y UGT para programas de digitalización del tejido productivo, provocando de paso un auténtico terremoto en el diálogo social, ha situado ahora en el punto de mira otra remesa de ayudas por una cuantía superior a los 200 millones que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá distribuyó igualmente por la vía de la concesión directa entre 2021 y 2022 para contribuir al pleno despliegue del Ingreso Mínimo Vital.
Se trata de dos reales decretos, asociados al cumplimiento de los hitos y objetivos del componente 23 del Plan de Recuperación, bajo el título ‘Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo’, y por los que se sustanció la asignación directa a un puñado de gobiernos autonómicos, grandes ayuntamientos y organizaciones del tejido asociativo del tercer sector de sendos programas de subvenciones por una cuantía de 109,78 millones, en un caso, y de 102,03 millones, en el otro.
Los recursos distribuidos entonces por el Ministerio de Inclusión están sirviendo para financiar el desarrollo de diferentes proyectos piloto para la puesta en marcha de itinerarios de inclusión social, con el objetivo declarado, y acordado con Bruselas, de mejorar la tasa de acceso del Ingreso Mínimo Vital, e incrementar su efectividad a la hora de conseguir la inclusión socioeconómica de sus beneficiarios.
Los bajos niveles de acceso a esa renta mínima han sido uno de los principales lastres para el desarrollo de la ayuda. Al cierre del pasado mes de febrero, casi cuatro ejercicios después de su puesta en marcha, en España había un total de 557.405 titulares de la prestación, sobre un universo potencial de beneficiarios que el Ejecutivo estimó en su día en alrededor de 850.000. Además, de este más de medio millón de beneficiarios efectivos, sólo 376.073 hogares perciben en puridad el Ingreso Mínimo Vital, ya que la Seguridad Social engrosa esta estadística con los 181.332 beneficiarios del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que establece un umbral mínimo de renta más generoso para poder acceder a la ayuda.
El objetivo último de las ayudas era dar cumplimiento al hito 351 del plan español de recuperación, que obliga al Gobierno a publicar una evaluación sobre al menos 18 proyectos piloto en ese ámbito, incluyendo recomendaciones específicas para mejorar la tasa de acceso a la prestación y mejorar la eficacia de las políticas de inclusión a la altura del primer trimestre de 2024.
Una treintena de convenios
En la convocatoria de la segunda remesa de ayudas, en mayo de 2022, el Ministerio de Inclusión ya daba por cumplidos los objetivos acordados con Bruselas, ya que a los 16 convenios financiados con la primera convocatoria de ayudas había que añadir los 18 que estaba previsto respaldar con fondos europeos con la segunda.
«Supone la firma de un total de 34 convenios para el desarrollo de proyectos de itinerarios de inclusión social, lo que supera ampliamente el compromiso con la Comisión Europea de firmar, al menos, dieciocho convenios para mejorar la eficacia de los itinerarios de integración para los beneficiarios del régimen del Ingreso Mínimo Vital y otros colectivos vulnerables», presumía el Ministerio.
Entre los beneficiarios de las ayudas distribuidas por el Ministerio de Inclusión, la totalidad de los gobiernos autonómicos; el de la Ciudad Autónoma de Ceuta; los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Sevilla y Santander; y organizaciones sociales como el Secretariado Gitano, Cáritas España, Cruz Roja, Ayuda en Acción, Plena Inclusión y Save the Children.
Fuentes jurídicas consultadas por ABC advierten de que la sentencia del Supremo ha puesto el foco en la necesaria acreditación de las circunstancias que justifican eludir el procedimiento ordinario establecido en la Ley de Subvenciones y que bajo este parámetro las subvenciones con fondos europeos adjudicadas de forma directa están en el punto de mira.
En el caso de estas ayudas, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social sostuvo la concurrencia de las circunstancias excepcionales que justifican la utilización del mecanismo extraordinario de la concesión directa de subvenciones a estos organismos en la necesidad de «garantizar un procedimiento ágil para dar respuesta al acuerdo de consecución de hitos concretos para la ejecución del Plan de Recuperación,» y a «la importancia capital de estas actividades para la aplicación de la política de inclusión del departamento y para coadyuvar en la consecución de los fines de la inclusión social».
Desde el organismo que ahora dirige Elma Saiz se entiende que esta justificación es lo suficientemente sólida como para no ofrecer flanco alguna a una posible revocación. Fuentes del Ministerio señalan a ABC, a este respecto, que «las subvenciones relacionadas con los proyectos de itinerarios de inclusión se han concedido con el mayor rigor y ajuste a la ley y, por tanto, no consideramos que se vaya a producir ningún problema con ellas en el futuro».
Al margen del revés judicial a las ayudas distribuidas a los agentes sociales, el Ministerio de Trabajo tiene más motivos para la preocupación. En octubre de 2021 aprobó un real decreto de concesión directa de subvenciones desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a las comunidades autónomas de País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana para un conjunto de proyectos orientados a la inserción laboral de colectivos vulnerables y al impulso del emprendimiento y la microempresa en los ámbitos verde y digital. En aquella ocasión justificó la utilización de la adjudicación directa en el carácter presuntamente prioritario de contribuir a las inversiones realizadas en esos objetivos, y en la situación creada tras la pandemia.