La agonía política del heredero
Pedro Rocha fue nombrado presidente interino de la Federación Española de Fútbol (RFEF) por Luis Rubiales cuando este iba a ser removido de su cargo; destituyó, de hecho, a todos los demás vicepresidentes para que no hubiese dudas sobre la identidad de su heredero. Antes de ese momento, Rocha había tenido otros cargos en la directiva rubialista: en 2020, el año posterior a la firma de los contratos de la Supercopa de Arabia, presidió la comisión económica de la Federación. El caso Supercopa ha cobrado una relevancia inusitada tras los registros y detenciones del miércoles. Y la resaca de ayer, mientras se van conociendo nuevos detalles de la investigación, compromete las ambiciones políticas de Rocha, que el pasado lunes dimitió como presidente del fútbol extremeño para convocar (precisamente el miércoles) elecciones a la presidencia de la RFEF y, de paso, confirmar su esperada candidatura.
El brutal impacto de la visita de la Guardia Civil a Las Rozas mantuvo en suspense la reunión de la Comisión Gestora hasta la hora de comer del miércoles. El presidente interino quiso mantener la reunión hasta el final, pero la realidad terminó imponiéndose: «¡Cómo vamos a hacer la reunión, si esto sigue lleno de guardias!», le dijo alguno de sus colaboradores más cercanos. Al final, no hubo ni reunión ni, por tanto, convocatoria de elecciones.
La Federación no ha decidido aún cómo continuará el proceso electoral, estancado desde hace meses por diversos factores; entre ellas, las querellas interpuestas por Miguel Galán. Este periódico intentó averiguar si el proceso seguirá su curso, pero no obtuvo respuesta; suficiente trabajo tenían con aplicar el manual de comunicación de crisis para desligar a Rocha del frente policial abierto. La RFEF anunció durante el día la destitución del detenido Tomás González Cueto, su ‘cerebro jurídico’, así como la apertura de expedientes a los otros directivos detenidos. También anunció su personación como acusación particular en el proceso judicial que se instruye en Majadahonda (después de año y medio de investigación) por tres supuestos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. En paralelo, algunos altos cargos de la entidad acudían a declarar esa misma mañana ante la jueza de Majadahonda en calidad de testigo.
En los pasillos de diferentes instituciones deportivas se valoraba ayer la posibilidad de que el Consejo Superior de Deportes (CSD), ampliamente criticado por su pasividad con el rubialismo durante años, decidiera intervenir discretamente para solicitar a Rocha que dé un paso al costado; es decir, pedirle que se aparte de la carrera electoral por su proximidad a algunos de los presuntos corruptos, cuya continuidad después del escándalo de septiembre avaló personalmente, y asegurar así un nuevo tiempo federativo. En conversación con este periódico, el CSD negó la posibilidad de tener cualquier interferencia en las elecciones federativas.
Por la mañana, el secretario de Estado, José Manuel Rodríguez Uribes, había declarado que «en este contexto, es imposible celebrar elecciones [...] Vamos a esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos y lo que espero es que cuando haya elecciones, quien salga sea un ejemplo de honradez de buen hacer y un ejemplo de limpieza». También aseguró que la organización del Mundial 2030 no está en riesgo.
En las oficinas de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ya sin guardias civiles requisando ordenadores, la euforia de algunos dirigentes por el despido de González Cueto se mezclaba ayer con el palpable nerviosismo ante un socavón que afecta de lleno a la estrategia pacificadora de Rocha. El ya expresidente del fútbol extremeño, todavía líder de la Comisión Gestora que pilota esta eterna transición, podría ser llamado a declarar en las próximas semanas como testigo del caso Supercopa. Hace una semana, era el gran favorito a ganar estas primeras elecciones (las segundas se celebrarán presumiblemente en otoño). Hoy, con sus asesores jurídicos imprimiendo sus huellas dactilares en un calabozo, tiene bastante más difícil presentarse ante el deporte español como el saneador de una entidad que supone un serio problema reputacional («daño objetivo intolerable», dijo Rodríguez Uribes) para un país cuya marca no vive, precisamente, su mejor momento.