Las ciudades piden recuperar los 107 millones de la tasa de vertederos
La FAMP pide a la Junta que le devuelva el dinero recaudado y se destine a inversión
Los ayuntamientos andaluces siguen en busca de nuevas medidas que les permitan resolver los graves problemas de financiación que arrastran desde hace décadas y que dificultan que puedan hacer frente al mantenimiento de los servicios públicos. Esa es, precisamente, una de las bases del debate abierto en torno a la creación de una tasa turística. Pero hay otras propuestas encima de la mesa. El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y alcalde de Córdoba, José María Bellido, retomó una esta semana: que los ayuntamientos recuperen el dinero que recaudan por el nuevo impuesto sobre vertederos e incineraciones. En total, 107, 4 millones de euros al año.
Este impuesto nuevo fue creado por el Gobierno en el año 2022 dentro del paquete de nueva fiscalidad ambiental. Con él se grava la entrega en instalaciones autorizadas para la eliminación o incineración de residuos con una tarifa que se aplica en función de las toneladas.
Tributo cedido a la Junta
Entre otros sujetos, este impuesto tiene como principales afectados a los ayuntamientos que tienen entre sus competencias la recogida de los residuos en la ciudad. Sin embargo, es un tributo cedido a la comunidad autónoma. Y, en consecuencia, son las corporaciones locales quienes desde este año tienen que realizar una nueva aportación a la Junta de Andalucía. En una ciudad como Córdoba, la recaudación supone casi cuatro millones de euros.
Al alzar la voz en torno a la situación de la financiación local, la FAMP pide que los 107 millones de euros sean devueltos a los municipios que los están recaudando pero como transferencias vinculadas de forma directa a la inversión pública. Volviendo al ejemplo de Córdoba, si aporta 3,7 millones de euros, la Junta de Andalucía debe hacer una transferencia por esta misma cantidad.
La propuesta afecta directamente a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, que dirige Ramón Fernández-Pacheco, que tiene las competencias en la gestión de este impuesto.
Desde este departamento subrayan que la ley andaluza de economía circular ya estableció en la regulación de este impuesto que los ingresos debían destinarse de forma preferente al impulso de la economía circular y a inversiones en infraestructuras, de forma prioritaria en colaboración con los ayuntamientos. Como ejemplos, la Consejería subraya que en los presupuestos de la Junta de Andalucía se han fijado 10 millones de euros para apoyo a entidades locales en proyectos de economía circular y se está trabajando en una orden específica para apoyar a los municipios andaluces en la recogida de residuos principalmente para la compra de vehículos de recogida de residuos.En esta línea, la Consejería destaca que ha llevado a cabo programas por un importe de 113 millones en los últimos años.
Este impuesto fue creado en 2022 por el Gobierno dentro de un paquete de nueva fiscalidad de carácter medioambiental