Las preguntas sin respuesta de Petro sobre el proyecto para extraer los restos del galeón
Académicos de Colombia resaltan las sombras del plan previsto para abril
A falta de un mes o menos para la anunciada extracción de restos del galeón español San José, hundido en 1708 frente a Cartagena de Indias, las voces críticas en Colombia con el presidente Gustavo Petro plantean una serie de interrogantes al gobierno y las entidades pertinentes, aún no aclarados. «¿Se firmará un acuerdo de cooperación con España? Y con ello, ¿se despejará la duda sobre una eventual disputa en estrados internacionales argumentando el principio de inmunidad soberana? ¿Qué sucederá con el complejo proceso que tendrá que adelantar el Estado colombiano para defenderse de Sea Search Armada en la Corte Internacional de Arbitraje? ¿Qué acciones legales se esperan de la otra empresa cazatesoros, Maritime Archaeology Consultants, a quien no se le adjudicó la APP (alianza públicoprivada) estructurada durante el gobierno de Juan Manuel Santos para saquear el pecio? ¿Cómo avanzan las acciones interpuestas por la comunidad Qhara Qhara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?», se preguntan una veintena de académicos de universidades colombianas, apoyados por expertos de la Universidad Nova de Lisboa o del National Museum of Royal Navy.
Para los integrantes de la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido (RUPCS), las últimas declaraciones de Petro –«nuestra intención es sacarlo todo»– revelan que «siguen siendo nítidos el carácter y el afán extractivo del presidente», a pesar de que la iniciativa se haya recubierto «estratégicamente» de ciencia, tecnología y cultura. Solo cinco días antes del pronunciamiento de Petro se celebró un congreso en Cartagena en el que los ponentes invitados «básicamente se dedicaron a exaltar la iniciativa del gobierno, contribuyendo a darle un sello científico internacional», señalan desde la RUPCS. Por el contrario, «no se invitó a ningún investigador con experiencia confirmada en arqueología de yacimientos profundos», no hubo espacio para preguntas, pese a su pretendido espíritu participativo, «y solo se concedió un espacio de 30 minutos a las posturas críticas», denuncian.
A raíz de la intervención del arqueólogo Juan Guillermo Martín, en representación de los críticos, el ministro de las Culturas Juan David Correa anunció la modificación de la Ley 1675 que aún permite operar a los cazatesoros y los académicos se preguntan ahora cuál es el proyecto de reforma de esta norma y la agenda legislativa prevista. También urgen a que se haga público el documento científico que soporta la intervención en el galeón San José y la necesaria autorización que por ley debe expedir el ICANH. Solicitan además información sobre los equipos de trabajo y quiénes y con qué credenciales académicas y experiencia los integran. «Tampoco hay claridad sobre el rol de los invitados internacionales», añaden los críticos, que piden más información sobre ese «equipo asesor». «¿Cuál es el alcance de esta instancia consultiva? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo y cuándo se creó esa figura y bajo qué normativa? ¿Se trata de un consejo ‘ad honorem’? Y ¿cómo se definieron los perfiles de los miembros y qué experiencia certificada tienen cada uno en proyectos de arqueología de profundidad?».
En cuanto a la inversión de 4,16 millones de euros para la fase de extracción de abril o mayo, requieren explicaciones sobre su origen o con qué tipo de contrataciones se van a realizar. Y se preguntan por el proyecto que requiere el museo que el gobierno quiere crear en Cartagena para el galeón.