Robles: «Sin un fallo firme, la verdad de la muerte de los soldados no se puede saber»
▶ La ministra de Defensa muestra su «confianza plena y absoluta en la justicia»
La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita ayer a las obras de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba se refirió a las últimas novedades del caso Cerro Muriano, el ejercicio de instrucción en el que en diciembre murieron dos militares (el soldado Carlos León y el cabo Miguel Ángel Jiménez) ahogados en una maniobra que consistía en el cruce de un lago.
El último movimiento relevante ha sido la decisión del Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla de inhibirse de la instrucción de la causa en favor del Juzgado Togado Central. Ello se debe a que considera que hay motivos para la imputación de cuatro altos cargos militares —todos ellos aforados—. A ello se suma que el abogado de la familia de Carlos León (el soldado fallecido), Luis Romero, ha anunciado que recurrirá el auto de inhibición, pues considera que debe producirse la investigación, además, de quien era el máximo responsable de la Base de Cerro Muriano entonces, el general Ignacio Olazábal, cuando se produjeron estas muertes —dejó el cargo en enero, ya que, por edad, pasó a la reserva—.
Al preguntarle tanto por el cambio de juzgado que llevará la causa como por la solicitud de la familia de Carlos León, la ministra no se salió ni una linea del guion previsto: «Yo nunca opino de las decisiones judiciales. Y las partes están en su derecho de pedir lo que estimen oportuno. Tengo una confianza plena y absoluta en la justicia; y en este caso también».
Después, fue interrogada por el hecho de que el Juzgado Militar hispalense en el escrito de inhibición considere que la maniobra que terminó con la trágica muerte de dos militares en la Base de Cerro Muriano no tuvo «supervisión alguna» de las medidas de seguridad necesarias —éste ha sido, sin duda, uno de los aspectos clave en lo que se lleva de investigación, tal y como ya se recogió en el atestado de la Guardia Civil tras este suceso—.
Robles aseguró que los procesos judiciales tienen sus trámites y «hasta que no haya una sentencia y una sentencia firme la verdad judicial no se puede conocer». «Lo importante es que dejemos trabajar a los jueces con prudencia y con mucho respeto», finalizó.
El caso pasa ahora al Juzgado Togado Central después de que el de Sevilla inicialmente imputara a tres militares, un capitán, un teniente y un sargento. Tras escuchar las declaraciones de dichos imputados el 22 de marzo, fue cuando el órgano judicial hispalense detectó «indicios de responsabilidad penal» respecto a cuatro de sus superiores (todos aforados), con lo que decidió inhibirse.