El Estado inyecta 7.000 millones para pagar prestaciones
El Estado ha tenido que transferir más de 7.000 millones de euros en los tres primeros meses del año a la Seguridad Social para que el organismo pueda atender sus compromisos de gasto crecientes al calor de la última revalorización de las prestaciones aplicada por el Gobierno, del 3,8%, que ha sido la segunda más alta de la historia.
Una vez más, el avance de los ingresos por cotizaciones sociales experimentado en el primer trimestre del año, del 7,7%, azuzado por las medidas regulatorias introducidas (endurecimiento del mecanismo de equidad intergeneracional, subida y destope de las bases máximas e incremento del salario mínimo) está siendo insuficiente para dar cobertura a la totalidad de los gastos comprometidos.
En suma, empresas y trabajadores han aportado 40.262 millones de euros en el primer trimestre del año en forma de cotizaciones. Si se toman como referencia los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es de 9.696 millones de euros (un 48,3% más). No en vano, los compromisos de gasto en prestaciones económicas a familias e instituciones ascienden a 45.019 millones, lo que supone un 8,6% que en el mismo periodo del pasado año.
Colchón presupuestario
Por ello, el Gobierno se ha visto obligado a activar la palanca de la transferencia procedente de la tesorería de Estado –recaudación tributaria– para dotar al sistema de la capacidad necesaria para abonar no solo las pensiones sino la totalidad de prestaciones. De hecho, del agregado de ingresos del sistema, 48.326 millones de euros, un total de 7.637 millones corresponden a la inyección presupuestaria, un 15% del total.
Y con todo, el resultado financiero del sistema en este primer trimestre del año, con las medidas aplicadas en materia de cotizaciones que se estima proveerán al sistema de casi 8.000 millones más en el conjunto del año, arroja un escueto superávit de 550 millones de euros en el primer trimestre del año, el 0,04% del PIB, consecuencia de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 48.326 millones de euros, que muestran un incremento del 10,5%, y unas obligaciones reconocidas de 47.776 millones, que crecen en un 8,8% interanual.