La Fiscalía no ve trama criminal ni pide que declare Susana Díaz
Sólo el PP defiende que se confabularon en la Junta para crear «una red clientelar»
Las seis sesiones que lleva consumidas el juicio han echado por tierra muchas ideas preconcebidas sobre la pieza política del caso ERE que ha sentado en el banquillo a 22 ex altos cargos autonómicos, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Sin entrar en el fondo del asunto, que es si la Junta de Andalucía ideó y mantuvo durante una década un sistema delictivo de financiación, concesión y pago de ayudas a empresas en crisis, los primeros compases del proceso han puesto de manifiesto con nitidez que no existe una posición monolítica entre las defensas y que las acusaciones están aún más divididas.
En la última sesión dedicada a las denominadas cuestiones previas (una fase preliminar del juicio), el PP andaluz, que ejerce la acusación popular, se quedó solo en sus peticiones más espinosas: la imputación de un supuesto delito de asociación ilícita a todos los acusados, penado con hasta dos años de cárcel, y la citación como testigo de la actual presidenta andaluza, Susana Díaz, basándose en «su amplio conocimiento» sobre las ayudas bajo sospecha durante su etapa como consejera de Presidencia e Igualdad entre mayo de 2012 y septiembre de 2013.
Ni la Fiscalía Anticorrupción ni Manos Limpias, la otra acusación popular en la causa, respaldan al PP en esta batalla jurídica. Es más, en el primer punto, el fiscal Manuel Fernández Guerra se puso de parte de las defensas que solicitaron al tribunal que se excluya la asociación ilícita del proceso. A su juicio, de los hechos investigados, de las declaraciones de los investigados y del auto de procedimiento abreviado dictado por el instructor Álvaro Martín «no se desprende con claridad» la existencia de una organización o trama criminal más allá de la pertenencia de todos los encausados al «organigrama» del Ejecutivo andaluz.
El Ministerio Fiscal tampoco ve justificada la comparecencia de Susana Díaz en el juicio. Esgrime que su testimonio «no procede» ni en calidad de responsable del Gabinete Jurídico de la Junta durante su etapa como consejera de la Presidencia ni porque en ese mismo periodo se dictara el decreto que convalidó las ayudas, toda vez que éste fue impulsado por la Consejería de Empleo siguiendo recomendaciones aprobadas en el Parlamento. En cambio, la Fiscalía sí apoyó el requerimiento del PP para que declaren como testigos la senadora socialista y exconsejera de Presidencia Mar Moreno y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, por la ayudas concedida al Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) cuando era alcalde.
Red clientelar
El letrado del PP Luis García Navarro justificó la comparecencia de Díaz a la vez que negó la politización del juicio y la acusación «sorpresiva» del delito de asociación ilícita. Defendió que a lo largo de «toda la instrucción» y desde los primeros autos de la juez Mercedes Alaya ha planeado la teoría de «una trama criminal» u «organización piramidal» con un «concierto de voluntades» de los responsables autonómicos para repartir 855 millones de euros de forma arbitraria y sin control y tejer así «una red clientelar». «La actuación de cada uno era necesario para el todo», dijo, y rechazó la indefensión alegada por los acusados.
Contra la citación de Susana Díaz se rebelaron algunas defensas. El más vehemente fue Víctor Moreno Catena, letrado de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, que denunció la «contaminación política» del juicio al pedir el testimonio de «cargos públicos en activo de la Junta». Recordó que las defensas no han pedido citar a los exministros del PP Javier Arenas y Eduardo Zaplana o a los exdelegados del Ejecutivo Juan Ignacio Zoido (hoy ministro del Interior) y Antonio Sanz pese a que «conocían las ayudas».