ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE CARMELO TAJADURA Y MARIA GÓMEZ AGUSTÍN
Los inversores extranjeros desconfían de un entorno en el que las decisiones empresariales estén sometidas a la arbitrariedad política
La historia es la siguiente: el pasado año, Atlantia lanzó una Oferta Pública de Adquisición sobre Abertis. El organismo regulador independiente del mercado de capitales, CNMV aprobó esta iniciativa empresarial sin considerar que Atlantia necesitase el permiso del Gobierno para poder realizarla. En este contexto y, quizá, aprovechando el desagrado gubernamental, ACS (a través de su filial Hochtief) lanzó su propia OPA sobre Abertis y solicitó a los Ministerios de Fomento y de Industria, Energía y Agenda Digital la aprobación de su oferta. Ante esta acción, el 21 de diciembre, Atlantia decide solicitar también la autorización gubernamental a su operación. El 29 de diciembre el gobierno respondió a la solicitud de Hochtief pero, con una cierta sorpresa, no se ha manifestado « formalmente » sobre la oferta de la empresa italiana.
Esta singular situación y la supuesta o real hostilidad del Gabinete a la OPA de Atlantia ha generado un debate que trasciende el plano empresarial para situarse en ámbitos ajenos a cualquier consideración jurídica, financiera o económica. El núcleo del problema estriba en sí resulta aceptable, fundada y, en última instancia, legal la potencial intervención del Gobierno para condicionar o alterar decisiones adoptadas por compañías privadas de manera libre y voluntaria sin, obviamente, quebrantar el ordenamiento jurídico o las normas de competencia. Desde esta perspectiva, las preguntas son evidentes: ¿Tiene legitimidad el poder político para injerirse en la competencia por el control de una corporación entre dos empresas que se disputan su adquisición? ¿No debe corresponder esa decisión a los accionistas de la empresa que se pretende comprar?
En una economía de mercado, la respuesta es sencilla, clara y evidente: son los dueños de la compañía opada quienes han de decidir a quién le venden unos activos que son de su propiedad. A un gobierno le puede agradar más o menos quién se convierta en el dueño de una corporación cuya nacionalidad es la propia, pero eso no le concede derecho alguno para favorecer o entorpecer el libre juego del mercado. Este tipo de actuaciones no sólo pervierten el buen y transparente funcionamiento de un sistema de libertad económica, sino que además resultan incompatibles con la filosofía y el marco normativo de un mercado único como lo es el europeo.
Por otra parte, uno de los elementos básicos para la preservación y el fortalecimiento de la confianza de los empresarios domésticos y de los inversores extranjeros en la economía de un país es la existencia de un entorno en el que las decisiones empresariales no estén sometidas a la potencial arbitrariedad o discrecionalidad del poder político. Cuando esto no sucede, el cuestionamiento de la seguridad jurídica y el aumento del riesgo regulatorio en el Estado que incurre en esas prácticas se incrementan de manera exponencial con efectos negativos sobre el conjunto de la economía.
Cualquier gobierno preferirá a priori que empresas consideradas relevantes, aunque la asignación del término estratégico a ellas tiene una larga historia de abusos, estén en manos de propietarios nacionales. Ahora bien, esto no lo faculta para usurpar a los accionistas, que son los verdaderos dueños de una compañía, el ejercicio de su derecho de propiedad. Además, en algunos casos, por ejemplo el de Abertis, la apuesta por uno u otro de los opantes contradeciría ese criterio. Tanto si ACS como si Atlantia toman el control de la operadora española de autopistas, la dirección efectiva de esa empresa se situaría fuera de España.
En el caso de la polemizada OPA sobre Abertis planteada por Atlantia y ACS cabría introducir todo tipo de análisis sobre los hipotéticos costes y beneficios desde el punto de vista empresarial, financiero, estratégico, etc. que entraña cualquiera de las dos ofertas en competencia y, sin duda, ambas podrían ofrecer las indudables bondades de sus propuestas pero el elemento central, la cuestión básica que aquí se plantea es mucho más importante; está en juego uno de los fundamentos esenciales de una economía de mercado: el respeto a la libertad de empresa en un entorno de reglas iguales para todos. Es eso lo que ha de proteger el Gobierno.
Principio «Los dueños de una compañía son los que deben decidir a quién venden sus activos »