EL BIENESTAR ANIMAL REVOLUCIONA LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA EN ESPAÑA
Desde que el 21 de enero de 1998 el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó la Recomendación R(98)1 a los Estados Miembros sobre la mediación familiar, se ha instituido esta fecha como el Día Europeo de la Mediación, que acabamos de celebrar. En su momento, hace 20 años, ya era una realidad el creciente número de conflictos familiares, especialmente por separación y divorcio, y las consecuencias perjudiciales de los conflictos para las familias, en general, y en particular para los menores, así como el coste social y económico para los estados.
En estos años, la mediación en España en el ámbito familiar ha alcanzado unos niveles de gran implantación y ha conseguido reducir los conflictos entre las partes en litigio; dar lugar a acuerdos amistosos; asegurar la continuidad de las relaciones personales; reducir los costes económicos y sociales de la separación y divorcio para los implicados (también para el Estado) y reducir los tiempos necesarios para solucionar el conflicto.
Se observa, sin embargo, en otros sectores, que no existe aún una cultura que favorezca instintivamente acudir a la mediación, antes al contrario, tanto los órganos jurisdiccionales, como los profesionales de la justicia ven cómo la mediación es un recurso muy poco utilizado, bien por desconocimiento o bien por interés económico. Ni siquiera se promueve la sesión informativa básica para las partes en la primera fase de una mediación. Existen intereses cruzados, especialmente en la abogacía, que impiden que el abogado ofrezca las bondades de este sistema a sus clientes. El motivo fundamentalmente es por la pérdida de su rentabilidad económica. Pero lo que resulta más importante es que los ciudadanos no conocen prácticamente los beneficios de la mediación antes de acudir a la vía judicial a solicitar la tutela de los jueces. Por ello, el futuro de la mediación está también en que muchos despachos de abogados cuenten con un profesional multidisciplinar que conozca bien estas prácticas de arbitraje, mediación y conciliación. En un país como España, abogacía y litigio van muy uni- dos, y no se tiene en cuenta que existe la mediación realizada por abogados, así como otros profesionales de ramas jurídicas y sociales como los gestores administrativos, procuradores, graduados sociales, trabajadores sociales, psicológos, etc.
A pesar de los buenos intentos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, y la numerosa legislación de las Comunidades autónomas sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles, no se ha dado un impulso decidido en nuestro Derecho que permita, en línea con lo establecido por las instituciones europeas en la resolución del Parlamento europeo del 12 de septiembre de 2017, fomentar y apostar por un modelo más flexible, ágil y con menos coste económico y personal.
Sobre tales premisas, el Gobierno debe de modificar la ley estatal obligando a los ciudadanos a acudir a la mediación antes de empezar un proceso judicial, tal y como se ha hecho en varios países de la UE. Necesitamos una colaboración de medios, instituciones, corporaciones públicas y privadas que permitan desarrollar la labor de la mediación de forma eficaz y sólida. Sería deseable la implicación de Administraciones Públicas, ofreciendo la inclusión de la mediación por parte de éstas en marco del asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, a través de conciertos con instituciones especializadas en mediación, tanto públicas como privadas. Igualmente, se requiere un tratamiento igualitario en el reconocimiento de la figura del mediador en ámbitos, por ejemplo, penal, de consumo, mercantil, civil, administrativo, en todo el Estado.
El oficio del mediador cuenta con escasa o nula oferta de empleo, y es el interés de todos promover su labor, formación estrictamente regulada y formación continua.
En definitiva, el escaso conocimiento de la mediación por la población española se podría arreglar invirtiendo en su difusión por parte de los expertos en la materia. Para ello es importante contar con la ayuda de las entidades públicas y privadas que fomenten, promuevan y desarrollen la práctica de la mediación a través de convenios con las administraciones.