AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES AMPLÍAN SU CHEQUERA EN VÍSPERA ELECORAL

Vía libre para que reinviertan su superávit de 2017, unos 6.000 millones de euros

Desde el año 2012, ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares -entidades locales- tienen limitada su capacidad de gasto. Las restricciones les llegaron con la Ley de Estabilidad Presupuestaria lanzada por el Gobierno de Rajoy. La crisis llevaba ya varios años azotando a la economía española, los números rojos del sector público galopaban sin freno, y la deuda asfixiaba al país de forma alarmante. Las medidas de urgencia que lanzó el Ejecutivo para contener la situación afectaron de lleno a las entidades locales, con vetos directos a su autonomía económica. A la par que el Gobierno acudía en su auxilio inyectándoles liquidez, el Ministerio de Hacienda puso límites al gasto público de ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares.

Gastos vetados

A partir de 2011, los ajustes surtieron efecto en las entidades locales, que dejaron atrás el déficit recurrente y empezaron a generar superávit. Pero el Ministerio de Hacienda mantuvo el veto: las entidades locales no podían disponer libremente de su superávit sino que tenían que dedicarlo prioritariamente a amortizar deuda financiera o, en el mejor de los casos, a un listado limitado de inversiones. Es lo que se dio en llamar «inversiones financieramente sostenibles». En síntesis, aquellas que atendieran servicios esenciales y no generaran sobrecostes a futuro.

Ahora, tras años de superávit recurrente y reivindicaciones crecientes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha aceptado suavizarles ese veto. En las próximas semanas, las entidades locales recuperarán la chequera que se les congeló en 2012. Podrán decidir con libertad a qué dedican el superávit, dentro de unos límites mucho más laxos que los vigentes hasta ahora.

La medida es significativa desde el punto de vista económico -por el flujo monetario que hay en juego-, pero también desde el político - esto ocurre a prácticamente doce meses vista de las elecciones municipales de 2019-.

A falta de que Hacienda cierre oficialmente la contabilidad agregada de todo el sector público local, los cálculos apuntan a que ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares habrán generado durante el último año (2017) un superávit de unos 6.000 millones de euros. Rondará el 6% del PIB, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), lo que al final podría elevar la cifra más cerca de los 7.000 que de los 6.000 millones de euros. Y ese superávit es el que las entidades locales manejarán con libertad recuperada en plena carrera hacia las próximas elecciones municipales. En resumen, varios miles de millones de euros que permitirán ampliar la inversión pública y -si se administran con acierto- animar la economía privada mediante la contratación de obras y servicios.

Saneadas

A puro de apretarse el cinturón, las entidades locales se han ganado esta autonomía recuperada. Desde el año 2012, cuando la Administración española se puso a dieta forzosa, han reducido su deuda financiera en un 30%, mientras la administración central la ha aumentado un 16%, y las autonómicas la han disparado en un 50%. Además, desde 2012 las entidades locales han generado un superávit acumulado de unos 32.000 millones de euros, que ha compensado -sobradamenteel déficit que arrojaron en el negro quinquenio 2007-2011.

El sector público local ha reducido su deuda un 30% desde 2012