España recauda 70.000 millones menos cada año por la economía «en B», uno de cada cuatro euros Σ Canarias es la región que más actividad sumergida tiene y País Vasco la que menos

La economía sumergida en España ha engordado o menguado históricamente según rigieran épocas de bonanza o vacas flacas y de más o menos impuestos. Así lo creen los españoles: según el CIS, un 21,1% de los consultados cree que la principal razón del fraude fiscal es « la escasez de empleo » que lleva a «aceptar cualquier trabajo» aunque sea en negro –un 21,1%– y un 17,4% que los « salarios son demasiado bajos y hay que buscar otras opciones para conseguir dinero». Pese a escándalos, sentencias y titulares recientes, la mayor parte de estudios estiman que España ha reducido en los últimos años su nivel de economía «en B». Con todo, el impacto de la economía sumergida asciende a un 23% de los ingresos tributarios, un 6% del PIB que supone en torno a 70.000 millones de euros según el estudio «Economía sumergida y fraude fiscal en España: ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos hacer?» publicado por Funcas y coordinado por el catedrático de la Universidad de Vigo Santiago Lago Peñas.

Varios factores influyen en el nivel de economía «en B». El estudio constata que el aumento de la presión fiscal en los ochenta y principios de los noventa con el desarrollo del Estado del Bienestar y la convergencia a niveles impositivos comunitarios se tradujo en aumento de la economía sumergida.

Sin embargo, también señala que los países con menor nivel de actividad oculta son los que tienen niveles tributarios más elevados. Según un estudio publicado por el FMI por los economistas Leandro Molina y Friedrich Schneider, Austria (con un 7,1%), Luxemburgo (8,2%) y Holanda (8,4%) son los países con menor economía sumergida. España se sitúa en media tabla con un 17,2%, algo por encima de la media europea (17,1%), pero superior a la cifra de Alemania ( 10,4%), Francia (12,8%) y Portugal (16,6%). Otros estados como Italia (19,8%) y Grecia (21,5%), en cambio, sobrepasan a España.

Según un estudio de Schneider, la economía sumergida ha ido descendiendo en los últimos quince años, desde el 22,2% de 2003 hasta el 17,2% de 2017, si bien durante la crisis repuntó entre los años 2009 y 2013 para después volver a bajar. El estudio cree que entre 1976 y 2014 la coyuntura económica no ha tenido una influencia «significativa» en la evolución del fraude.

Más allá de eso, el mercado laboral es un factor clave. « Para el período 1999-2010 se estima que la influencia del desempleo sobre la economía sumergida en España es del 29,2%», apunta el informe, lo que supone un porcentaje muy superior al 14,6% de Portugal o el 18,6% de Italia.

Por sectores, el dinero negro se concentra en tres actividades: «construcción, pequeño comercio y fabricación de manufacturas». Asimismo, el mayor nivel de control fiscal y número de efectivos en la Agencia Tributaria, además del nivel de pago por tarjeta según los países, también influyen con fuerza en que el fraude sea mayor o menor. En plena burbuja inmobiliaria, en 2005 uno de cada tres euros que pasaban por el sector del ladrillo era en negro (32%), un porcentaje solo superado por Polonia (40%), Alemania (37%) e Italia (33%). En el pequeño comercio, el porcentaje alcanza el 20%, similar al 21% de hostelería y restauración. La libertad de hacer negocios y las trabas regulatorias, que contribuyen a explicar un 8,6% de la economía sumergida.

Este cóctel de ingredientes explica el dispar fraude fiscal por comunidades: las más ricas son las que tienen menos paro y menor economía sumergida; las de menor renta y más paro, son las que tienen mayor actividad oculta al Fisco.

Así, Canarias tiene un 26% de su PIB «en B», según el promedio de estudios utilizados por Funcas, siendo así la comunidad con mayor economía sumergida seguida de Andalucía ( 23,3%), Galicia ( 22,8%), Castilla- La Mancha ( 22,3%) y Extremadura (21,8%). Las regiones con menor actividad oculta serían País Vasco (16,5%) y Madrid ( 16,7%), seguidas de Navarra ( 18,8%), Aragón ( 19,2%) y Cataluña (19,3%). «Las comunidades forales tienen una presión fiscal más baja, un PIB más alto y tasas de paro más reducidas que el resto de España » , dice el estudio sobre la buena posición de País Vasco y Navarra.