Escribir el futuro sobre renglones torcidos
«El avance digital no puede arrasar derechos»
La precariedad avanza en bicicleta. Y pedalea con ganas en una carrera sin reglas que, más que hacia una meta, apunta a la línea de salida de los derechos laborales. La figura del falso autónomo no es nueva. Estos trabajadores mantienen una relación de dependencia con una empresa, para la que trabajan de forma exclusiva, integrados en su estructura y cumpliendo con sus directrices y necesidades organizativas, tal y como haría cualquiera asalariado al uso, pero no disfrutan de un contrato laboral, lo que les obliga a darse de alta como autónomos. Una práctica que echó raíces durante la crisis, pero que se ha consolidado y propagado al calor de la proliferación de nuevas plataformas digitales, hasta el punto de que los «riders» (los repatidores de compañías como Deliveroo, Glovo o Uber Eats) se han convertido en la imagen icónica de este tipo de empleo. Pero el fenómeno se extiende a otras actividades. Periodistas, profesionales liberales, empleados de la construcción... hasta 100.000 trabajadores, según la cifra redonda ofrecida por la asociación de autónomos ATA, se encuentran en este limbo laboral. Una situación que hace perder unos 500 millones al año a la Seguridad Social.
Es innegable que, aunque apenas esté escribiendo su prólogo, la revolución digital ya está teniendo un signficativo impacto en la forma de enten- der y organizar el trabajo. Pero pedalear en dirección contraria a la legalidad para ganar en competitividad no es una disrupción. Es un fractura del marco legal vigente y de un modelo de protección que define nuestra sociedad y la hace mejor. Dificilmente se podrá entender la digitalización como un avance si a su paso arrasa, aunque sea sin contaminar, con beneficios consolidados desde hace décadas. Basar un modelo de negocio en el regate y el pelotazo a seguir con los derechos del trabajador solo puede acabar en un autogol reputacional que, como suele ocurrir con lo barato, resultará muy caro a medio plazo.
En cualquier caso, no conviene generalizar, pero sí depurar. Las compañias implicadas defienden el modelo de los «riders» y aseguran que se ajusta a la figura del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (Trade), el profesional que trabaja casi en exclusiva para una sola empresa, pero que organiza su trabajo de forma autónoma y utilizando sus propios medios. Son la Inspección de Trabajo y los tribunales los que deberán determinar si una abuela con ruedas es o no una bicicleta. Y ya se han puesto manos a la obra. El Gobierno, como ha prometido, tiene que estar vigilante ante una situación que urge aclarar y definir. Porque un futuro que comienza a escribirse sobre renglones torcidos solo puede derivar en un gigantesco borrón.