MÁS IMPUESTOS QUE EL RESTO DEL PAÍS

La Junta ha fijado un tope de un millón en el impuesto de sucesiones, pero los andaluces aún pagan por encima de la media por donaciones y rentas del trabajo

Cuando un andaluz cobra una nómina, compra una vivienda, firma una hipoteca, dona un dinero a su hijo, posee un patrimonio o repone la gasolina del coche paga más impuestos que la media de españoles. Los sucesivos gobiernos andaluces han aprovechado su capacidad normativa para elevar impuestos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas y obtener así más ingresos para financiar servicios básicos como la salud y la educación, pero también para sostener una administración hipertrofiada con 270.000 empleados públicos, entre funcionarios, laborales y la plantilla de los entes instrumentales.

El último inventario publicado por el Ministerio de Hacienda y Administración pública, arroja luz sobre este asunto. La Junta de Andalucía contaba hasta el 1 de julio con un total de 304 entidades públicas. Sólo Cataluña, con 389, supera esta cifra. Mantener esta megaestructura acarrea un peaje fiscal que al ciudadano le cuesta entender. El Gobierno andaluz, en cambio, defiende que su mayor fiscalidad en comparación con otras comunidades es fruto de la infrafinanciación que sufre por parte del Estado y critica el «dumping» o feroz competencia que practican territorios más ricos, como la Comunidad de Madrid, con bajadas indiscriminadas de tributos. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera los responsables de las regiones se verán las caras en los próximos días en un encuentro demandado por la presidenta andaluza, Susana Díaz, para poner coto a lo que el Registro de Economistas Asesores Fiscales denomina como la «jungla» de normas autonómicas.

En los dos últimos años, la Junta de Andalucía ha reducido la alta presión fiscal a la que sometía a sus ciudadanos a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, forzada por la presión ejercida por la sociedad civil y por la iniciativa de Ciudadanos, que facilitó la investidura de la presidenta socialista a cambio de revisar algunos tributos, entre otros compromisos. Andalucía ha pasado en el último ejercicio de ser una de las regiones donde más se pagaba por aceptar una herencia de un familiar directo fallecido a

ser una de las más baratas bajo determinadas condiciones. Llegados a este punto, cabe preguntarse si hay margen para reducir más los tributos.

El comité de expertos elegidos por el Gobierno y las comunidades para la reforma de la financiación autonómica abogaba por homogeneizar el impuesto de sucesiones, eliminar el impuesto de Patrimonio y dar manos libres a las regiones para fijar copagos. Carlos María López Espadafor, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Jaén, se muestra reticente a facilitar mayor margen a las comunidades para bajar tributos. Está convencido de que «cualquier aumento de la capacidad de cesión fiscal va en detrimento de las comunidades más pobres, como Andalucía». Asegura que la financiación «no debe venir jugando con los márgenes de impuestos » porque hay que mantener servicios como la sanidad y la educación, sino a través de un estudio comparativo del PIB. Hay, pues, más alternativas. Este profesor recuerda que en los años ochenta el entonces presidente de la comunidad de Madrid, el socialista Joaquín Leguina, estableció un recargo del 3% en la cuota líquida del IRPF que pretendía imponer como nueva forma tributaria bajo la denominación de Fondo de Solidaridad de Madrid. Ante el revuelo que se armó, hubo que renunciar a esta vía de ingresos.

Reforma de IRPF

El siguiente caballo de batalla en Andalucía es la reforma del tramo autonómico del IRPF que el grupo de Juan Marín planea bajar de cara a las cuentas de 2019. La Comunidad se sitúa en la media de la tabla de las regional en cuanto al pago de IRPF por niveles de renta, aunque está por encima en los niveles más bajos. El pacto de investidura recogía una reducción del impuesto de entre 2 y 3,5 puntos. Un contribuyente soltero y sin hijos que gana 30.000 euros menor de 65 años y sin discapacidad ni ninguna otra circunstancia personal que pudiera darle derecho a deducción, tiene que pagar 4.974 euros a Hacienda en Andalucía. En Madrid, en las mismas condiciones, haría frente a un importe de 4.829,64 euros, pero donde más se paga es en Cataluña. Si la renta procedente de su trabajo se acerca a los 45.000 euros, entonces abonaría 9.666,94 euros en Andalucía, 360 euros más que un madrileño.

En el Impuesto sobre el Patrimonio, Madrid es la que está bonificada cien por cien mientras que Extremadura, Andalucía y Galicia son las que más tributan dependiendo del valor de las propiedades, según el Panorama de Fiscalidad Autonómica Foral 2018 del Consejo General de Economistas.

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales también resulta más o menos gravoso dependiendo de donde se viva. Por la compra de inmuebles de 150.000 euros, en Madrid se pagan 9.000 euros, 12.000 en Andalucía, y 15.000 en Cataluña.

Clamor social en las herencias

La contestación social fue decisiva en la revisión del Impuesto de Sucesiones. El Gobierno andaluz que lo había identificado como «el impuesto de los ricos», tuvo que aparcar sus reservas ideológicas y dar su brazo a torcer. La idea de que era injusto, confiscatorio y discriminatorio había calado entre los andaluces, gracias, por un lado, a la movilización de una asociación creada en 2017, Stop Impuesto Sucesiones, que reclama su derogación y, por otro, a la recogida de firmas llevada a cabo por el PP, percibida con recelo por Cs, en la reñida pugna que mantienen por pescar en el mismo caladero electoral. Al margen de las motivaciones —el tacticismo político ha pesado más que cualquier otra razón—, desde el 1 de enero pasado las herencias por debajo del millón de euros no abonan el impuesto de sucesiones. Hasta entonces, el mínimo exento estaba en 250.000 euros. La rebaja afecta sólo a parientes directos del fallecido, entendiendo por tales los hijos, cónyuges, nietos y padres. Los hermanos, sobrinos, tíos y primos que reciban herencias deberán pagar lo mismo que antes de 2018. Rafael Moya, que es abogado de la plataforma online Easyoffer, del bufete MFC en Sevilla, considera que «esta norma beneficia al heredero de clase media, pero está muy limitada por el parentesco. Aumenta la cuantía de la base imponible para tributar, pero no es suficiente porque las modificaciones están muy limitadas por el parentesco, a las líneas 1 y 2 de descendencia. Hay muchos ciudadanos en Andalucía que heredan fuera de ese vínculo y que seguirán tributando el impuesto completo». Juan Carlos Valverde, presidente de Stop Impuesto Sucesiones y de la recién nacida federación nacional, critica que la medida no se aplique con carácter retroactivo y al resto de familiares del fallecido y lamenta que se trate de una medida coyuntural, porque está vinculada a la Ley de Presupuestos de la Junta para 2018.