Los líderes del «procés» llevan al TS la ofensiva del Parlament contra Llarena
El diputado Jordi Sànchez desafía al instructor: «No se puede ser juez y víctima»
De ser capaz de renunciar hasta a la causa nacionalista, a plantar cara al juez cuando ya se sabe que no hay nada que hacer y lo que toca es envalentonarse de cara a los suyos. La comparecencia de los primeros procesados por rebelión que están en prisión preventiva destapó ayer en el Tribunal Supremo la verdadera estrategia de los líderes del «procés» y vino a corroborar los argumentos del juez Pablo Llarena para mantenerlos en prisión: el riesgo de reiteración delictiva. También que este magistrado está siendo objeto de una campaña de acoso por parte del independentismo.
Prueba de ello fueron las declaraciones del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, del expresidente de la ANC y actual diputado de JpC Jordi Sànchez, y del exlíder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart. Los tres inauguraron el turno de indagatorias ante Llarena, un trámite procesal en el que el instructor comunica al procesado por qué propone juzgarle y en el que este, a su vez, puede manifestar su postura frente a ese procesamiento.
Lejos de centrarse en cuestiones jurídicas, los tres líderes secesionistas, en especial Junqueras y Sànchez, aprovecharon este último encuentro con el juez instructor para hacer un discurso político, y especialmente en el caso de Sànchez, para desafiarle cuestionando su objetividad en esta causa, el mismo planteamiento que ha llevado a la mayoría independentista del Parlament a anunciar una querella contra él por su decisión de no permitir su investidura como candidato a la presidencia de la Generalitat.
Sànchez, el mismo que hace menos de un mes comunicaba al juez que si le ponía en libertad estaba dispuesto a dejar su escaño y volver a la docencia, ayer cambió radicalmente su discurso, y mirándole a los ojos desafiante, le espetó: «No se puede ser juez y víctima». Se refería a un pasaje del auto de procesamiento en el que Llarena se incluye como parte del Estado de Derecho utilizando la primera persona del plural al decir «sufrimos».
Fuentes jurídicas presentes en la declaración señalaron que el magistrado, víctima de amenazas en las últimas semanas, le contestó que si tenía algo que objetar contra sus resoluciones acudiera a la Sala de Apelaciones del Supremo.
El exlíder de la ANC calificó el procedimiento ante el juez como una «causa general» que no va contra personas concretas, sino «contra la ideología independentista».
En la misma idea insistió el exvicepresidente Oriol Junqueras, en prisión también desde el pasado noviembre. Junqueras negó ante el instructor la acusación de malversación y señaló que la Generalitat no destinó «un euro» al referéndum ilegal. El que fue número dos de Puigdemont insistió en su compromiso con las vías pacíficas y negó cualquier tipo de violencia en los preparativos y desenlace del 1-O. A su juicio, la convocatoria de la consulta, prohibida por el Tribunal Constitucional, no constituyó ningún delito.
Por su parte, Cuixart, cuya comparecencia duró apenas quince minutos, también reprochó a Llarena lo que entiende como una «persecución política». Finalizadas las declaraciones, las defensas de los tres procesados insistieron ante los medios en que el 1-O no hubo violencia y que si la hubo, esta fue policial.
La acusación popular que ejerce Vox dedicó sus primeras palabras ya fuera del tribunal a la defensa del juez Llarena. Ante los medios, Javier Ortega expresó su «más enérgico rechazo» por las amenazas que tanto el juez como su familia están recibiendo. «Es intolerable que en un Estado de Derecho un magistrado del Tribunal Supremo tenga que estar sufriendo este tipo de amenazas en una causa como esta». Por ello, Vox expresó todo su «apoyo, solidaridad y rechazo a esas prácticas totalitarias que pretenden intimidar a quien esta cumpliendio con su deber profesional».
«Prácticas totalitarias» Ya fuera del TS, Vox mostró todo su apoyo al juez al considerar «intolerable» las amenazas que sufre