Las claves del contencioso
¿Por qué se denunció la normativa aprobada por el Gobierno?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consideró que la limitación de 30 taxis por cada VTC, recogida dentro del ROTT que aprobó el Gobierno en 2015, suponía una «restricción innecesaria» y era contraria a la Competencia.
¿Era la primera vez que se imponía esta relación?
No. Antes de que se aprobara la Ley Omnibus ya existía una limitación idéntica. Sin embargo, esta norma, puesta en marcha en 2009, eliminó cualquier limitación a las VTC.
¿Qué relación existe actualmente en el mercado?
Si bien es cierto que la normativa fija una relación, esta no se está cumplimiento. En ciudades como Madrid la relación es de cinco taxis por cada VTC. A nivel nacional baja del diez a uno.
¿Por qué no se cumple esta relación?
Porque se han producido varias sentencias en los últimos meses, precisamente dictadas por el Tribunal Supremo, según las cuales se han concedido licencias solicitadas entre 2009 y 2015, cuando no existía ninguna limitación.
¿Cuál ha sido el papel del Gobierno?
El Ministerio de Fomento ha defendido la legitimidad del 1/30. Además, a finales del año pasado, aprobó un decreto que limitaba la
transmisión de VTC. Con este real decreto-ley intentaría defender esta relación entre taxistas y plataformas y mantener las limitaciones a las plataformas.
¿Qué reclaman cada una de las partes?
El sector del taxi reclama que se mantenga la normativa vigente y que se cumpla en la práctica. El colectivo de las VTC está dividido. Algunas compañías abogan por la liberalización total del sector, mientras que otras solo piden que se levanten algunos condicionantes de la ley, como la exigencia de una flota mínima.