PP: «Sólo quieren contentar a sus socios de gobierno»
«La instrucción es incompatible con el recurso del PSOE ante el TC, que pedía quitar, suprimir esos artículos»
«Busque apoyos en políticas de Estado de los que tenemos sentido de Estado... ustedes verán con quién se juntan». Fue la recomendación que el portavoz del PP en materia de Interior, el diputado José Alberto Martín Toledano, ofreció ayer en sede parlamentaria a la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, a la que recordó que partidos que el Gobierno tiene como socios y con los que está pactando cuestiones de seguridad «han puesto a los policías en una diana», como es el caso de Bildu, o acaban de acusarles de «criminalizar a los transexuales», como ERC esta misma semana. «Sólo están tratando de contentar a esos socios, grupos que se comportan como antisistemas y tienen intenciones muy nacionalistas», acusó el representante popular.
Botella compareció ayer en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, en la que la instrucción del Ministerio del Interior «para interpretar y aplicar los preceptos» de la Ley de Seguridad fue llevada a debate por el Grupo Mixto a través del diputado de Compromís-Podemos-EUPV Enric Bataller i Ruiz, que insistió en que la normativa aprobada por el Ejecutivo del PP en 2015 fue creada para «la represión», en particular de los movimientos de protesta posteriores al 15-M.
La secretaria de Estado, que se felicitó de la coincidencia con los planteamientos de Bataller, indicó que la intención de la instrucción no es otra que, –en el «ínterin» de la modificación de la Ley de Seguridad en el Congreso que se abrió precisamente ayer–, poder «racionalizar la aplicación» de algunas disposiciones, que en ocasiones se han llevado a efecto «de manera extrema, de forma que no se garantizaba ni los derechos ni las libertades ni la protección de las Fuerzas de Seguridad en el ejercicio de sus tareas».
Absoluta contradicción
No obstante, fuentes de la oposición consultadas por este diario han mostrado su extrañeza por la «absoluta contradicción» entre esta instrucción de «matización y de retoque» de artículos de la Ley de Seguridad, como el que regula los cacheos o la difusión de grabaciones o datos de los agentes de la autoridad, con el recurso que el PSOE presentó ante el Tribunal Constitucional, que exigía «la total supresión» de esas disposiciones. «Quitarlos de cuajo de la ley», enfatizan.
«Gran parte de lo que se establece en esa instrucción del Ministerio del Interior es incompatible con ese recurso de inconstitucionalidad», subrayaron esta fuentes, que prefieren no ser identificadas, y que atribuyen sin duda este reposicionamiento del PSOE al hecho de que hoy está en el gobierno. «Ahora no es cuestión de eliminar la posibilidad de un registro corporal externo, como defendían antes, y que por no poder hacerlo se les meta alguien con un explosivo en un lugar público y se explote», añadían.
Bildu en la reforma
El Congreso de los Diputados ha fijado para el 14 de noviembre la primera reunión de la ponencia encargada de debatir de las enmiendas a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, según se acordó ayer. También los grupos facilitan los nombres de los comparecientes a los que pretenden citar. El PP ha propuesto al vicepresidente de la Unión de Oficiales, Javier Montes Robles, y al portavoz del Sindicato Unificado de Policías (SUP), Ramón Cossío. El PSOE quiere llamar a Luis Arroyo Zapatero, catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, y a una magistrada, mientras que Unidos Podemos ha planteado convocar a José Manuel Paredes Castañón, también catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Vigo, y a Lorena Garrido, investigadora del Grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona. De su lado, el Grupo Mixto, que estará representado por los diputados de Compromís-Podemos Enric Bataller y la diputada de EH Bildu Marian Beitilarrangoitia, quiere que acuda a la Comisión de Interior la portavoz de «No somos delito», Sara López Martos, y el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán.
La Comisión del Interior, presidida ahora por el exministro de Justicia Rafael Catalá, decidió impulsar este mes la reforma después de estar meses encallada en el Congreso y de que IU pidiera en dos ocasiones reactivarla.