Cultura valora alinearse con Google y dar la espalda a los derechos de autor en la prensa

▶ Los técnicos le han pedido que haga lo contrario e implante una gestión colectiva e irrenunciable El negocio cambió, el monopolio de facto sigue

Vuelve la batalla por los derechos de autor de la prensa. Hace sólo unos días Google amenazó con cerrar el buscador en Australia –un apagón total– si se llegara a aprobar una ley que obligará al gigante tecnológico a compensar a los editores de prensa por enlazar sus noticias. Un veto a las noticias australianas se había apuntado también meses atrás desde Facebook. El Gobierno de Scott Morrison, con pragmatismo anglosajón, ha puesto pie en pared y dijo el viernes pasado que la ley la marca el Parlamento y que en Australia no se responde a las amenazas.

La onda expansiva ya está en nuestro país, donde es difícil esperar una respuesta contundente. La transposición de la Directiva Europea de Mercado Único Digital a la legislación española es el nuevo campo de batalla. En su artículo

15 se regula el pago de derechos de reproducción y de puesta a disposición para el uso en línea de las publicaciones de prensa por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. El texto aprobado aclara que el pago no se aplicará al uso privado o no comercial por parte de usuarios individuales, ni a los hiperenlaces asociados a la investigación y la ciencia o al uso de «palabras sueltas o extractos muy breves».

Una oferta difícil de rechazar

Los grandes emporios tecnológicos luchan con armas directas e indirectas por el gratis total. O por mantener el control total eliminando intermediarios. Porque paralelamente a las amenazas también se ha producido el lanzamiento de News Showcase, con una inversión inicial de 850 millones de euros a repartir entre los medios que decidan acompañarles, una oferta difícil de rechazar. «Una industria de noticias solvente es fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática», afirmó Sundar Pichai, CEO del buscador. Dinero con sus condiciones sí, con las que se legislan los Estados de la UE o Australia, parece que no.

En el Ministerio de Cultura ya sienten esta presión desde hace meses. La última reunión de José Manuel Rodríguez Uribes con la asociación que representa a casi todos los medios importantes de nuestro país, la Asociación de Medios de Información (AMI), tuvo lugar el pasado verano. Según ha podido saber ABC, los técnicos del Ministerio han elevado un documento técnico favorable a las dos reivindicaciones del sector: que la gestión de derechos sea colectiva y que ese derecho se contemple como irrenunciable. ¿Por qué?

Colectiva, porque así podrá ser anónima; uno a uno, los medios y los autores sólo negociarían desde una enorme debilidad con Google, gigante global, que es además parte muy importante del negocio publicitario. Irrenunciable

Google ya «no es» Google. En 2015 fundó Alphabet, la gran multinacional de la nube. En los términos y condiciones, el contenido y los datos de los usuarios, así como sus interacciones, se convirtieron en la parte central de su negocio desde entonces. La nube es, digamos, el por lo que se ha visto en Francia, donde Google ya se ha cobrado la primera victoria y no paga por el derecho de autor. Allí se separó el artículo 15 del resto de la Directiva. En la negociación desgajada, convencieron a Macron para implantar la gestión individual, algo que tiene difícil encaje en la legislación francesa de propiedad intelectual, siempre ultraprotectora. Invocaron la libertad: libertad de pacto. Si es imposible imaginar a un pequeño medio convenciendo al gigante de que le pague, cabe señalar «big data» y Google posee un 98% del mercado de accesos, aparece instalado por defecto en móviles de todo el mundo y mantiene, por ello, un monopolio de hecho. Cabe señalar que pocas cosas producen más interacciones que las noticias de los medios de prensa.

Esta evolución reciente de la potencialidad económica que genera la actividad de miles de millones de usuarios en la web ha dotado de una nueva dimensión económica al gigante, que ni siquiera el mayor rotativo francés, «Le Monde», cobrará en concepto de ese derecho, comentan fuentes del sector. Google llega a pactos y puede desembolsar sumas, pero nunca sobre el derecho de autor, que es lo que quiere proteger la UE.

Las alarmas han saltado en España tras comprobar los editores de AMI (en el que están todos los grandes grupos de la prensa, incluido Vocento) que Rodríguez Uribes se decanta cada día más por el modelo francés. En contra de lo que sus propios técnicos le han mostrado como mejor opción, y sin otro informe en la mano.

La clave, Clabe

Según fuentes del sector, los representantes de la otra asociación del ramo, el Club Abierto de Editores (Clabe), han tenido acceso mucho más reciente a Uribes y, según parece, le han colocado su mensaje. El presidente de Clabe, Arsenio Escolar, ha mostrado desde hace muchos años su oposición a la «tasa Google» y al artículo 15 de la Directiva de Mercado Único Digital: «Ya nos paga Google divulgando nuestros contenidos», dijo en 2014, y desde entonces exige al Gobierno la retirada del artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que es, según las entidades de gestión, el verdadero objetivo de la compañía. Editor de la revista cultural «Archiletras», contó con Google como uno de sus padrinos.

Una lectura estricta de la Directiva no parece aconsejar que el modelo europeo se base en el de Macron. Alemania, Italia y otros países de la UE ya están regulando la gestión colectiva e irrenunciable de este derecho de reproducción. Además, en los «consique planea operar u opera en biotecnología, banca, etc. Y que puede, gracias al control de los datos y los flujos de interacción, predecir comportamientos humanos, filiaciones...

Cabe preguntarse por qué esa irritabilidad frente a la regulación del derecho de autor en la prensa. Podría tener que ver, aseguran algunos expertos consultados, con la opacidad casi total sobre los tránsitos de sus usuarios. «Viven de la información que analizan y no parecen proclives a compartir esos datos, o ningún dato. El derecho de propiedad intelectual sobre su algoritmo, sus estrategias y esa bolsa de datos mundial no se comparte».