La Fiscalía recurrirá los terceros grados pero no se prevé que llegue a tiempo para antes del 14-F
mientras que el diputado en el Congreso Rufián dijo que el PSC había desaparecido y ahora era el «partido sanchista de Cataluña».
A la espera de la Fiscalía
Y todo apunta a que esta visibilidad de los presos será una constante durante toda la campaña. La respuesta judicial no podrá ser tan rápida. La Fiscalía estaba ayer a la espera de recibir formalmente de la Generalitat, como estipula la ley, las notificaciones de los terceros grados concedidos. Luego, el Ministerio Público da por seguro
Oriol Junqueras y Raül Romeva, con Pere Aragonès (en el centro), en el mitin de ERC que recurrirá la «semilibertad» concedida a todos los presos, con la esperanza de que los juzgados de vigilancia penitenciaria ordenen la suspensión provisional de los terceros grados y devuelva a los presos a la prisión hasta el dictamen definitivo del Supremo.
Eso fue lo que ocurrió en el primer intento de la Generalitat de concederles la «semilibertad», el pasado mes de julio. Los jueces de vigilancia penitenciaria suspendieron entonces provisionalmente los terceros grados de los presos, menos en los casos de Forcadell y de Bassa. Junqueras, Rull, Turull,
Romeva, Forn y los «Jordis» regresaron a prisión dos semanas después de haber salido en «semilibertad». Forcadell y Bassa continuaron disfrutándola hasta el pronunciamiento definitivo del Supremo –como tribunal sentenciador– el pasado mes de en sus conclusiones, el TSJC se ha mostrado de acuerdo con la Fiscalía, que había alertado en su informe remitodo al tribunal de la «anormalidad jurídica» que supondría retrasar la fecha, con la incógnita de si se podrían acabar celebrando el 30 de mayo, como quería el Govern.
Pese a la esperada pataleta de la Generalitat, acusando falsamente al tribunal de «imponer» la fecha electoral, lo cierto es que nada de cierto tiene esa afirmación. El tribunal, ya en el auto con el que la semana suspendía cautelarmente el decreto de la Generalitat a la espera de la sentencia definitiva, dejaba claro que no estaba obligando a votar el 14-F. La cuestión sería bien distinta: si la Generalitat infringió la normativa electoral al suspender las elecciones que ella misma convocó en diciembre. diciembre. En definitiva, si se calcaran los tempos de lo acontecido en julio, la campaña electoral del 14-F ya habría finalizado y, por lo tanto, los presos del «procés» habrían participado en ella.
ERC ganaría
Todo esto, el mismo día que el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña (CEO) hizo público un sondeo electoral en el que el resultado mantiene abierta la carrera por la presidencia autonómica. ERC mantendría el primer lugar, con 35-34 escaños, y podría escoger socios de gobierno, con Junts y la CUP o con el PSC y los comunes.
La encuesta, realizada a 1.100 personas entre el 13 y el 21 de enero, presentada el primer día de campaña situaría, tras ERC (que ganaría 3-2 asientos respecto a la cita electoral de 2017), a Junts, con 34-32 escaños (quedándose igual que en 2017 o perdiendo dos escaños), y al PSC, con 29-26 representantes (ahora tiene 17).
Tras los tres primeros partidos, a mucha distancia se situarían el resto de formaciones políticas. Cs, que de los 36 actuales pasaría a 13-12, el PP, que podría superar a la CUP (ahora 4) y los comunes (con 8), pasando de los 4 actuales a los 9 escaños, y los comunes y la CUP que empatarían a 8 (aunque los comunes podrían bajar a 6).
Finalmente, Vox, que entraría en el Parlamento de Cataluña con 6-5 escaños, aunque eso sí, retrocediendo en estimación de escaños respecto a las anteriores encuestas del CEO, que llegó a otorgarle 8 escaños. El PDECat, que en la última encuesta aparecía con 1 escaño en el mejor escenario para esta formación, esta vez no obtendría representante. El CEO estima una participación el 14-F del 62 por ciento.
Así, ERC, Junts y la CUP sumarían entre 77 y 74 escaños en una Cámara donde la mayoría está en 68 asientos. ERC también podría optar por un tripartito de izquierdas, con el PSC (que republicanos y socialistas niegan) y los comunes: entre 72 y 66 escaños.
Lo recalcaba también la Fiscalía en el informe que presentó al TSJC. La disyuntiva no basculaba en «imponer» o no una fecha, ni tan si quiera en determinar si la grave situación sanitaria por el coronavirus justificaría un aplazamiento. El debate es otro: si el ordenamiento jurídico vigente permite aplazar unas elecciones autonómicas ya convocadas, y, en su caso, en qué supuestos, mediante qué procedimiento, y con qué garantías podría hacerse.
El Ministerio Público lo tiene claro. Ni el Estatuto de autonomía catalán ni la LOREG contemplan «la posibilidad de suspender ni aplazar unas elecciones catalanas». Y advertía, además, del «más que previsible riesgo de inseguridad jurídica» que supondría suspender el 14-F «por un tiempo indeterminado».