Comisiones de investigación: ¿verdad o circo?

▶ Todas dejan titulares, pero no siempre conclusiones ni propuestas de mejora

En el imaginario colectivo y a falta de definición reglamentada, una comisión de investigación parlamentaria es un órgano de apoyo al Legislativo para esclarecer asuntos «de interés público» –eso sí figura en las normas–, depurar responsabilidades políticas y proponer mejoras. Suena a herramienta esencial. Sin embargo, un repaso a las diecinueve comisiones de este tipo celebradas desde la constitución de las Cortes baja el listón. Investigaciones inconclusas, parciales o superficiales casan más con una batalla política que con la búsqueda de la verdad. En algunas, ya de planteamiento: desarrollar una investigación paralela a una causa judicial resta eficacia. Los imputados no tienen por qué contestar y los testigos deben reserva al sumario. En otras, la falta de colaboración de las instituciones impide el acceso a documentos esenciales. Y a veces, quien debe mover ficha, no lo hace. En el pleno que aprobó en 1994 el dictamen sobre los fondos reservados saqueados por Luis Roldán se escuchó esta frase: «Que el Ministerio de Justicia e Interior recoja el guante».

Vera y el caso Roldán

Esa es una de las comisiones que cumplió su función, aunque nunca llueve a gusto de todos. No se reprobó al Gobierno del PSOE ni al entonces secretario de Estado Rafael Vera, pero sí a Roldán. Las conclusiones evidenciaron fallas en el sistema y tuvieron su plasmación en las leyes. Un año después, se aprobó la regulación de los fondos reservados. Esa, por cierto, que con los años se ha vuelto laxa, a la luz de los hallazgos judiciales de la operación Kitchen y de la que se hablará en la nueva comisión sobre el tema.

La política y el 11 de marzo

Una de las comisiones de investigación más sonadas de la historia fue la relativa a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Los trabajos se iniciaron en mayo, con las pesquisas aún en marcha y se prolongaron hasta junio de 2005. Sólo salió adelante por unanimidad la propuesta de medidas, más de un centenar sobre víctimas y prevención de atentados. El presidente del tribunal que condenó a los autores, Javier Gómez Bermúdez,

¿Quiénes la solicitan?

El Gobierno, la Mesa, dos grupos parlamentarios o una quinta parte de la Cámara pueden solicitar la creación de una comisión de investigación. La Mesa la califica y debe ser aprobada definitivamente en el pleno.

Comparecientes

Las comisiones de investigación pueden llamar a cualquier persona para ser oída. Al contrario que en un juicio, los comparecientes tienen la obligación de decir la verdad. No obstante, pueden guardar silencio y no responder para no perjudicar a su defensa en procesos judiciales abiertos.

Las conclusiones

Las conclusiones se plasman en un dictamen que después es debatido en el pleno. No son vinculantes para los tribunales ni afectan a resoluciones judiciales. Sí se pueden trasladar a la Fiscalía para que decida si toma acciones.

¿Secretas?

Las comparecencias pueden ser secretas si lo acuerda la mayoría de la comisión o si su objeto guarda relación con materias declaradas reservadas o secretas o con una actuación judicial bajo secreto de sumario. cuenta a ABC que la comisión «nació muerta, porque buscaba responsabilidad política y no la hay». Cree que, en ese sentido, no aportó más que «teorías de la conspiración» porque fue la Justicia quien esclareció los hechos. Eso sí, se actualizaron los controles sobre explosivos y nació el centro coordinador antiterrorismo. Cabe preguntarse si al margen de la comisión habría ocurrido. El dictamen concluyó que Aznar mintió, pero para entonces, gobernaba ya el PSOE.

Las víctimas del Alvia

La comisión sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013 estuvo trabajando desde abril de 2018 a febrero de 2019 y se cerró con el fin de la legislatura sin conclusiones. No se ha retomado. En la Plataforma Víctimas Alvia 04155 cuentan a ABC que se sintieron «utilizados» y «ninguneados» incluso al apuntar que sus señorías partían de una pericial denostada en la UE. Fueron bandera hasta que dejaron de serla.

Gürtel, el cerco al PP

En mayo de 2017 se constituyó una comisión cuyo objetivo era esclarecer la presunta financiación irregular del PP en la trama Gürtel. La legislatura terminó sin que presentase conclusiones, aunque el PSOE y Cs sí redactaron las suyas. Fue una sentencia judicial, y no la comisión, la que precipitó la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Los populares, en respuesta al «acoso» en el Congreso, utilizaron su mayoría absoluta en el Senado para investigar, sin consecuencia, al resto de partidos. Rajoy nunca llegó a declarar en la del Congreso y el expresidente de Cs, Albert Rivera, acusó al PSOE de no llamarlo a cambio de que el PP mantuviese inactiva la comisión de investigación de la tesis de Pedro Sánchez en el Senado, que nunca llegó a arrancar.

La crisis del 2008

A la par que la de Gürtel, se creó una comisión sobre la crisis financiera de 2008, que sí finalizó. ABC ha hablado con tres diputados que formaron parte, Fernando Navarro y Francisco de la Torre (Cs), y Joan Capdevilla (ERC). Coinciden en que fue arduo, pero dudan que tuviese efecto. Se reprobó al Banco de España y se criticaron regulaciones de PP y PSOE. «No he visto reformas relevantes, y en los casos en que hay alguna coincidencia menor, temo que se hubiese hecho igualmente aunque la comisión no lo hubiese propuesto», señala De la Torre. Entre los diputados con asiento había dos actuales ministros: Alberto Garzón y Yolanda Díaz.

Coinciden con Gómez Bermúdez en que las comisiones sirven, aunque sea colateralmente. «El problema es que se use políticamente cuando lo que tendrían que hacer es trabajar calladamente», apunta el exjuez.