40 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS
AVT, de arrancar del olvido a las víctimas a luchar para que no les callen ▶ La asistencia integral a las víctimas sigue siendo la clave, pero en pleno blanqueo de ETA cumplen un aniversario difícil: «Nos quieren invisibilizar»
Cuando el 4 de febrero de 1981 se constituyó la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ETA venía de descerrajar en la boca de una España acobardada el peor de los años de plomo, con días de dos y hasta de tres atentados, taxistas ametrallados, sepultureros ametrallados, niños reventados por bombas, jubilados abatidos a tiros cuando estaban echando la lotería. Por no hablar de la matanza a pares de soldados, policías y guardias civiles. Ejecutaban a quemarropa también la ultraderecha y la ultraizquierda, los Grapo. Se atribuye a Jaime Mayor Oreja, entonces secretario general de la UCD en Guipúzcoa, la expresión de la impotencia. «Nos están cazando como conejos», dicen que dijo. Era el clima del miedo, la violencia en cualquier esquina y de armas en la calle del 23-F.
En esa España de hace 40 años, las víctimas eran invisibles y estaban solas. Las iglesias se negaban a celebrar entierros y funerales de los asesinados, no solo las del País Vasco.
«Las víctimas tenían que ganarlo todo. Partían de una situación en la que no existían ni legalmente ni administrativamente ni socialmente», describe la profesora de la Universidad de Navarra y experta en terrorismo María Jiménez, biógrafa también de la ya fallecida Ana María Vidal-Abarca, cuyo marido había sido cosido a tiros por los etarras en enero de 1980 e impulsó la fundación de la entonces «Hermandad de Familiares de Víctimas del Terrorismo» junto a Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel O’Shea.
Justicia, no caridad
Tres mujeres. La AVT que hoy suma casi 4.800 afiliados y ha sido agente clave de la condena moral de esos crímenes brutales y voz de quienes defienden la democracia, fue creada por tres mujeres con el fin de «apoyar a otras que ellas intuyeron que estaban en una posición económica, cultural, social mucho más deteriorada que la suya». Las viudas y sus vidas rotas.
No se trataba de caridad, sino de justicia. «Ese fue el propósito inicial –ubica María Jiménez–, decidieron que no podría ser que una mujer, que en esa época mayoritariamente no tenían formación, no trabajaban, se quedase desamparada a causa del terrorismo... que la muerte de sus maridos se considerara un accidente laboral y en los pueblos a los que se habían tenido que volver las señalaran, porque entonces ser víctima de los terroristas era estigmatizante, dentro del País Vasco y fuera... fuera era incomprensible».
La puesta en rodaje de la maquinaria asistencial más básica tuvo que arrancar desde más atrás de lo nunca imaginado. Las fundadoras, entonces ya presidentas las tres, acudieron al Ministerio del Interior a pedir un listado de víctimas. Pero no había. Nada.
Un anuncio el 25 de abril de 1981 en este diario, pagado por ellas, invitaba a «todas las viudas, huérfanos y demás allegados de asesinados en acciones terroristas» a escribir a un apartado de Correos en Madrid. «Queremos unirnos, conocernos, ayudar a compartir nuestros problemas y llevar a la conciencia de la sociedad española el testimonio de nuestro sacrificio», precisaban.
A efectos prácticos, esa labor benéfica se activó en dos vías: la atención económica directa, nutrida trabajosamente a partir de donaciones particulares, y la pelea por unas pensiones más altas para las víctimas, muchas con hijos muy pequeños. «Fueron por delante de los diferentes gobiernos, se enfrentaron a la escasez de medios», resume la profesora de la Universidad de Navarra, que señala que «todo cambió» cuando en 1991 la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, negó a la AVT una subvención de 40 millones de pesetas por considerar que