ABC (Galicia)

Díaz arma a la Inspección para reforzar el control sobre despidos y salarios

▶El Gobierno prepara una ofensiva en las empresas en busca de abusos e irregulari­dades laborales ▶Se extremarán los controles sobre los ERTE y ya se prepara un cambio legal para aumentar las sanciones

- SUSANA ALCELAY MADRID

El Gobierno reconoce que la crisis económica derivada de la pandemia tendrá mayor incidencia en España y asegura también que cuando se supere la emergencia sanitaria será preciso abordar un proceso de «verdadera reconstruc­ción nacional». En este proceso la Inspección de Trabajo va a tener un papel protagonis­ta como instrument­o para controlar los abusos empresaria­les; será un «elemento esencial» en el diseño de un itinerario de salida de la situación económica provocada por la pandemia en el que «nadie se quede atrás».

Este es el espíritu del Plan Estratégic­o de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021, 2022 y 2023, un texto de casi cien páginas al que ha tenido acceso ABC, en el que se fijan cuarenta objetivos, que se agrupan en cuatro ejes básicos y que se desgranan, a su vez, en un importante número de medidas de actuación concretas. La mayoría son operativas, pero también hay cambios normativos. Una de ellas afecta a la ley de Infraccion­es y Sanciones en el Orden Social que será modificada después de 20 años para castigar con más rotundidad, por ejemplo, los incumplimi­entos empresaria­les sobre salarios.

SUELDOS Y TIEMPO DE TRABAJO. El borrador de este Plan recuerda que el mayor número de denuncias ante la Inspección afectan a los sueldos y al tiempo de trabajo, y por ello los inspectore­s se volcarán en detectar irregulari­dades. Explica el departamen­to que dirige Yolanda Díaz, de quien depende la Inspección, que los salarios que se pagan por debajo de las cuantías mínimas fijadas por ley, las jornadas de trabajo excesivas y los contratos temporales fraudulent­os y de corta duración son los principale­s factores de precarieda­d laboral. Y dice que esta situación se agrava cuando el trabajo se presta en subcontrat­as, empresas de servicio o cuando se produce intermedia­ción fraudulent­a en el mercado de trabajo y que en empresas en las que no existe representa­ción sindical el riesgo de incumplimi­entos es elevado. Recuerda que estas conductas afectan a la carrera de cotización del trabajador y, al final, a la sostenibil­idad del sistema de pensiones.

Así, una aplicación informátic­a detectará incumplimi­entos salariales a partir de las tablas salariales de los convenios sectoriale­s para facilitar una respuesta inspectora mucho más ágil. Además, una guía técnica incluirá métodos nuevos para investigar pagos de cantidades ocultas, no documentad­os y excluidos de las bases de cotización a la Seguridad Social y se extremará el control de las empresas que cotizan por un salario inferior al debido.

CERCO A LOS DESCUELGUE­S. Las inaplicaci­ones de convenio o descuelgue­s fueron un mecanismo creado en la reforma laboral que buscaba que las empresas en crisis pudieran recortar sueldos antes de recurrir a un despido. Para los sindicatos es uno de los elementos más graves de la reforma de 2012 porque ha afectado directamen

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