Polémico inicio de campaña para pedir 4.860 millones en ayudas de la PAC
▶ Los cambios de última hora en su regulación resucitan el fantasma de nuevas protestas
FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN. Los contratos están en la diana. Las campañas se centran en convertir los contratos en indefinidos y se exigirán responsabilidades «con mayor contundencia». La legislación recogerá la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre, que considera contrario a derecho los contratos de obra o servicio determinados ligados a la subcontratación. Están en la diana las empresas con alta temporalidad, por encima de la su sector, contratos de muy corta duración que afecten especialmente a jóvenes y a empresas de servicios «que, amparadas en contratos con clientes, precarizan las condiciones de trabajo de sus empleados», y en los «comportamientos fraudulentos de empresas de trabajo temporal». Los argumentos que están detrás de las acciones responden a que «se constata un alto grado de transgresión de la normativa sobre contratación temporal, si tomamos en cuenta que las infracciones más los contratos transformados en indefinidos por la actuación inspectora representan aproximadamente el 50% de los contratos investigados». Junto a todo esto se reformará la contratación.
ERTE Y ERE. Los despidos objetivos se ponen bajo vigilancia. La idea es «volver a dotar a los trabajadores de un sistema de protección» en los ERTE, la suspensión
LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. Creación de una Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación. Desde este órgano se coordinarán las actuaciones de la Inspección en la lucha contra la discriminación en el acceso al empleo y a la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, en especial las retributivas, y los despidos. Y se hará en todo el territorio nacional y en especial en los colectivos más vulnerables con especial atención a la discriminación por razón de sexo.
LAS MUTUAS, BAJO LUPA. Están en la diana de la Inspección las infracciones graves sobre gastos de administración y reservas obligatorias, así como la falta de remisión dentro de plazo al organismo competente del balance anual, la memoria y cuenta de resultados y el presupuesto. Perseguirán infracciones muy graves sobre operaciones distintas a aquellas a las que deben limitar su actividad, sobre no aplicar el patrimonio estrictamente al fin social de la entidad, o afectar los excedentes anuales a fines distintos a lo fijado en los reglamentos.
Lo que se asemeja a un ritual anual para los cerca de 680.000 agricultores y ganaderos españoles, el pistoletazo de salida al plazo de solicitud ante las autoridades autonómicas competentes de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) que comienza hoy y se prolongará hasta el próximo 30 de abril, está siendo más accidentado de lo que esperaba el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Sobre el papel, lo que comienza a dilucidarse es el destino de 4.860 millones de euros en ayudas directas de la Política Agraria Común para los productores españoles. Unas transferencias directas que percibirán en forma de anticipos desde el próximo 16 de octubre y el saldo en diciembre.
En total, España recibirá a través de la PAC una inyección de 47.724 millones hasta 2027. Sin embargo, los cambios introducidos a última hora en el real decreto que regula esta convocatoria –aprobado en el último Consejo de Ministros– ha cosechado las críticas de las principales organizaciones agrarias (Asaja y COAG) y resucitado el fantasma de las «tractoradas» que inundaron las calles de media España a inicios de 2020. De momento, el «incendio» se localiza en parte del campo andaluz, comunidad de la que Planas fue consejero de Agricultura, aunque debido al Covid no hay fecha para las protestas.
Desde el ministerio defienden que el nuevo real decreto «asegura un marco estable para los agricultores y ganaderos españoles» para que estos sigan percibiendo las ayudas y recalcan que «sin cambiar las condiciones de admisibilidad de las mismas respecto al periodo 2014-2020».
Derechos de pago
El verdadero punto de fricción entre Agricultura y una parte importante de la producción está en los derechos de pago, organizados en 50 regiones diferentes y que el ministerio quiere con este decreto que se aproximen a la media de cada región en los próximos dos años. El objetivo es que dos productores de la misma zona, y con idéntica actividad, perciban el mismo pago básico.
Desde Asaja hablan de la «imposición» de una nueva hoja de ruta y aseguran que la nueva regulación supone «un salto hacia el nuevo modelo de PAC del que todavía desconocemos cómo se ejecutará en España».
¿Pero cuál es el impacto real de estas modificaciones? Según defendió Planas, «menos de un 1% de los 227.000 perceptores andaluces con derecho a la PAC» se verían afectados. Desde COAG Andalucía contestan que «el reparto de derechos no es de rentas» y estiman que «muchos profesionales y explotaciones familiares de Andalucía, así como autónomos del campo, pueden perder hasta un 70% de las ayudas».