El régimen de empleadas de hogar se hunde y pierde 21.000 afiliados
▶ Las trabajadoras que cotizan sufren el revés del Covid en 2020 y vuelven a niveles de hace ocho años Afiliación a la Seguridad Social de empleadas del hogar La Inspección envía cartas a los empleadores para que actualicen sueldos y cotizaciones
patrimonios relevantes que «deslocalizan» su residencia, fingiendo que se encuentra en el extranjero cuando la Agencia Tributaria entiende que realmente residen en España».
Fuentes cercanas a Hacienda explican que deben cumplirse dos criterios para que se considere que una persona reside fiscalmente en otro país: por una parte, pasar más de la mitad del año –183 días como mínimo– en el territorio de destino y, por otro, no tener el centro de intereses económicos en nuestro país. Esas mismas fuentes relatan que el primero es el criterio principal para considerar si una persona es obligada tributaria en España por las rentas que percibe, y que el segundo obedece más a factores subjetivos y que no están tan definidos.
La Agencia Tributaria recordó que a lo largo del año pasado ya se estableció de manera sistemática el análisis de residencia sobre un amplio colectivo de contribuyentes que figuran como no residentes en las bases de datos tributarias. «Este análisis ha facilitado la obtención de los indicios necesarios para poder determinar la residencia en nuestro país de algunos de estos patrimonios relevantes, lo que permitirá, a partir de este año 2021, intensificar las actuaciones de control de ciudadanos deslocalizados», añadió al respecto. Es decir, que el uso de las nuevas tecnologías supone un plus extra en la labor de vigilancia de Hacienda, más aún cuando la lucha contra el fraude se ha demostrado una de las líneas maestras que quiere fijarse este Gobierno, llegando a estar incluido, de hecho, en el plan de recuperación.
Tendencia El año pasado ya se analizó en ciertos casos esta práctica
Predecir errores
En la campaña de la declaración de la renta también se incluirá una nueva herramienta que permitirá predecir errores en base a los datos de las declaraciones de años anteriores. El fin último será avisar al contribuyente para que modifique su borrador, una opción que inicialmente se limitará a equivocaciones en los rendimientos del trabajo.
También se anunciaron mejoras en el programa de cartera de valores y amortizaciones de inmuebles y se facilitará a pequeños empresarios y profesionales el traslado automático de sus libros registro de IRPF a la declaración.
Asimismo, Hacienda anunció que se está trabajando en modificar la estructura de la página web de la Agencia Tributaria, de tal forma que, con un enfoque dirigido al usuario, se integrará la información del portal de internet con la tramitación de la sede electrónica de la Agencia.
La subida del salario mínimo en casi un 30% en dos años, primero, y el Covid, después, han hecho estragos entre las empleadas del hogar que cotizan a la Seguridad Social, que hoy están en su nivel más bajo desde 2012. Este año estas trabajadoras pasaron a formar parte del régimen de asalariados del sistema; antes contaban con un régimen propio, similar al de los autónomos.
Para encarar el alza del SMI hasta 950 euros, en 2020 algunas familias, que o bien no pudieron o no quisieron asumir el incremento, optaron, en el mejor de los casos, por modificar el contrato y recortaron la jornada laboral de la empleada para pagar lo mismo. En el peor de los escenarios, despidieron. Este último es el camino elegido por otras tantas familias durante la pandemia por el miedo al contagio.
Según los datos de afiliación a la Seguridad Social este régimen contaba a finales de diciembre pasado con 381.170 ocupados, lo que supone 21.365 menos que un año antes y la cifra más baja desde la anterior crisis, desde 2012. Los datos de la Seguridad Social reflejan que el número medio de empleadas del hogar cotizando en octubre fue un 5,3% inferior al del mismo mes de hace un año. Porcentaje que contrasta con el descenso del 3,1% sufrido por el número de afiliados al régimen general en 2020.
Algunas fuentes apuntan la posibilidad de que algunas de las empleadas hayan pasado al lado de la economía sumergida. Una teoría que puede cobrar fuerza si se analizan los datos que del colectivo ofrece la EPA. Según la estadística, en el sector de servicios del hogar hay más de medio millón de ocupadas, frente a los 381.200 que refleja la Seguridad Social.
Muchas de estas trabajadoras, además, también han sufrido el caos y los retrasos o impagos del SEPE en el pago de subsidios, uno de ellos aprobados por el Gobierno para este colectivo en la pandemia. Algunas ocupadas se han visto en la calle y sin ninguna red de seguridad.
El departamento que dirige Yolanda Díaz es muy consciente de la precariedad que sufren y por ello la Inspección de Trabajo volcará parte de sus objetivos en regularizar los salarios y cotizaciones de estas empleadas cuya remuneración esté por debajo del salario mínimo. La Inspección ha empezado a enviar cartas a los empleadores en las que informa de la obligación de regularizar y actualizar las condiciones salariales y de cotización. Además, los funcionarios perseguirán la «economía irregular» en este ámbito, en especial a partir de las denuncias presentadas y de las comunicaciones enviadas al buzón de la Inspección.
Estas acciones de la Inspección se unen a la ofensiva que realizará sobre las empresas en busca de abusos laborales, tal y como avanzó ABC. Así los inspectores se volcarán en controlar los sueldos que se pagan por debajo de las cuantías mínimas fijadas por ley, las jornadas excesivas y los contratos temporales fraudulentos y de corta duración, que son los principales factores de precariedad laboral, dicen.