Biden comienza con una relajación de las sanciones a Caracas
▶ por Trump en enero
cargado de negocios de EE.UU. en Venezuela (aunque está en Colombia) James B. Story. La segunda vía es Henrique Capriles Radonski, que ha movido bien sus fichas y ahora juega un papel fundamental en las conversaciones.
Uno de los nuevos responsables de la diplomacia norteamericana para Latinoamérica es el venezolano Leopoldo Martínez Nucete, colaborador cercano de Capriles, que es quien ha tendido puentes entre Biden y el opositor desde noviembre. Según fuentes consultadas en EE.UU., Biden tiene más afinidad con Julio Borges, actual canciller del Gobierno interino y militante del mismo partido de Capriles, que con el actual embajador en Washington, Carlos Vecchio, por «la posición tan pro-Trump que tomaron varios miembros de su partido Voluntad Popular». En la misma línea de Capriles, se encuentran varios opositores como el exdiputado Stalin González, líder de Un Nuevo Tiempo (UNT). Preguntado por ABC, González explica su postura en la negociación: «Hay que resolver el problema de fondo que es el 20 de mayo de 2018 (las elecciones presidenciales de Maduro que no fueron reconocidas por el mundo) y no sumar más problemas a la lista». Recuerda
que Venezuela está sancionada por EE.UU. por estas elecciones y que la vía podría ser «negociar unas elecciones anticipadas, nuevas elecciones o un revocatorio». El líder de UNT asegura a ABC que las regionales pueden entrar en la lista de negociación, pero «Maduro tiene que dar garantías y por ejemplo no nombrar más gobiernos regionales o locales paralelos donde pierden, y respetar la institucionalidad».
El Gobierno interino de Juan Guaidó es otro actor clave en este nuevo capítulo. Fuentes del equipo de la Presidencia interina aseguran a ABC que ellos podrían buscar condiciones y garantías para ir a unas elecciones regionales «siempre y cuando el gobierno se comprometa a hacer el revocatorio (para expulsar a Maduro), que toca constitucionalmente en 2022 de una manera limpia y democrática».
Ningún proceso negociador puede salir adelante si no participan todos los partidos políticos que representan a los venezolanos, incluidos aquellos que estén más alejados de las posiciones chavistas, porque como bien dice un veterano opositor al régimen, «si no participan todos no hay democracia, porque la democracia o es de todos o no es de nadie».
La primera medida que ha tomado Joe Biden con respecto a Venezuela ha sido una ligera modificación del régimen de sanciones para permitir contactos con puertos y aeropuertos en ese país caribeño, después de que Trump los hubiera prohibido en agosto de 2019. El grueso de las sanciones, y el embargo al crudo venezolano, siguen vigentes, de momento, y a la espera de que el nuevo gobierno formule su política de sanciones. La autorización de transacciones con el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (Inea) la anunció el martes la agencia de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. Esencialmente, permite las transacciones con puertos y aeropuertos de Venezuela excepto para «cualquier actividad relacionada con la exportación o reexportación de diluyentes, directamente o no, a Venezuela». Esos diluyentes, empleados para refinar el crudo, escasean en Venezuela debido a las sanciones.
Curiosamente, una de las últimas decisiones de Trump y su equipo antes de salir del gobierno fue sancionar a Inea, entre otras entidades e individuos acusados de sortear las sanciones al sector del crudo venezolano. A Inea se la sancionó concretamente por adquirir y operar un buque de bandera rusa, el Maksim Gorky, empleado para la extracción y exportación del crudo venezolano. A los trece días de llegar al cargo, Biden ha autorizado las transacciones con esa misma entidad portuaria sancionada hace apenas 15 días por Trump.
Según un funcionario del Tesoro estadounidense, que pide anonimato para hablar de sanciones, esta modificación supone «una calibración de las sanciones impuestas al Inea para limitar las posibles consecuencias adversas de la actividad portuaria en Venezuela, al tiempo que dirige la presión a los patrocinadores del régimen de Maduro que operan en el sector petrolero». Ese funcionario destaca que «el Tesoro mantiene su compromiso de garantizar el flujo ilimitado de bienes humanitarios a Venezuela».
Pieza clave El venezolano Leopoldo Martínez es el responsable de Latinoamérica de Biden, y buen amigo de Capriles
Prioridades
Según publicó este diario, hay en pie una campaña de presión de los socios del chavismo sobre la Administración Biden para que levante sanciones aprobadas por Trump en sus cuatro años de mandato. Esos socios de Maduro, capitaneados por el expresidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, piden que la Casa Blanca pase a dar prioridad a resolver la crisis humanitaria, y deje en segundo plano el cambio político necesario para que la dictadura dé paso a unas elecciones democráticas.
Aprovechando el cambio en Washington, en enero se han disparado las exportaciones de Pdvsa, la petrolera estatal venezolana sancionada por Trump. Según Reuters, en enero, un total de 22 petroleros salieron de puertos venezolanos con crudo crudos y refinados para la exportación, a China y otros destinos asiáticos. Salieron de Venezuela 544,290 barriles por día, una cantidad un 12% más alta que en diciembre, pero un 43% más baja que en 2020.