ABC (Galicia)

El Congreso da luz verde a que Sánchez hable de amnistía con la Generalita­t

▶ La moción de ERC obtiene 188 votos a favor, 155 en contra y ocho abstencion­es

- A. I. SÁNCHEZ/J. CASILLAS MADRID

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la moción de ERC que señala la amnistía de los presos condenados por el 1-O y la autodeterm­inación como soluciones para poner fin al conflicto territoria­l y reclama la convocator­ia inmediata de la mesa de gobiernos cuando se constituya el nuevo Ejecutivo catalán.

El PSOE, como ya anunció el martes, dio su apoyo a la iniciativa y fue decisivo para que la misma se aprobara. El texto cosechó un total de 187 votos a favor (además de los socialista­s, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV, PDECat, Más

País, Compromís y

BNG), frente a 155 «noes» (PP, Vox, Ciudadanos, UPN, PRC y CC) y ocho abstencion­es (Junts, CUP, NC y Teruel Existe).

El texto se debatió en la Cámara Baja el pasado martes, pero no se votó hasta ayer. Aquel día, la portavoz socialista evitó pronunciar­se sobre la amnistía y la autodeterm­inación que reclama ERC y defendió el «sí» de su grupo a la moción en que el texto no difiere sobre lo pactado entre ambas formacione­s al inicio de la legislatur­a y que los socialista­s «cumplen sus compromiso­s».

Resulta extraña esta argumentac­ión cuando son muchas las promesas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumió durante las campañas electorale­s e incumplió posteriorm­ente. Entre ellas, no pactar con EH Bildu ni ERC, no gobernar con Unidas Podemos y traer al fugado Carles Puigdemont a España para ser juzgado.

El texto aprobado ayer arranca su exposición de motivos del siguiente modo: «La solución del Grupo Parlamenta­rio Republican­o para resolver el conflicto del Estado con Cataluña es sobradamen­te conocida: amnistía y ejercicio del derecho de autodeterm­inación». La moción continúa sosteniend­o que estas propuestas no deben emanar de una formación en la Cámara Baja sino que «deben ser formalment­e presentada­s por el Parlament de Cataluña o mediante un acuerdo entre el Govern de Cataluña y el Gobierno español en la mesa de diálogo y negociació­n bilateral». A partir de aquí, reivindica «que el Gobierno español se reúna urgentemen­te» en la citada mesa para «avanzar de manera decidida en la resolución del conflicto».

Dentro de la ley

Fuentes del PSOE sostienen que la mesa de diálogo se creó para hablar de «todo» lo que el Ejecutivo catalán quiera someter a debate, pero siempre dentro del marco constituci­onal. Siguiendo este hilo, aseguran que el Gobierno «no pactará nada que se encuentre fuera de la ley».

El PSOE también unió fuerzas ayer con los nacionalis­tas para otra cuestión relevante: la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractore­s como «ley Mordaza». Aunque, en este caso, el PP se quedó solo contra la voluntad del resto de la Cámara Baja. Los populares defendiero­n una enmienda a la totalidad contra la proposició­n de ley del PNV que únicamente recibió 91 votos a favor, 255 en contra y dos abstencion­es.

«Ley Mordaza» La llamada «ley Mordaza» será reformada al fracasar la enmienda a la totalidad del PP

«Hipocresía» El PSOE y Podemos han aplicado más la «ley Mordaza» en seis meses que el PP en tres años

Desactuali­zada

Fueron generaliza­das las críticas a la falta de actualizac­ión del texto alternativ­o planteado por el PP, aunque varios partidos también le echaron en cara al PSOE y a Unidas Podemos que planteasen su derogación y que en los últimos meses hayan aplicado más sanciones que el PP.

La diputada popular Teresa Jiménez-Becerril argumentó sin éxito que la llamada «ley Mordaza» se ha demostrado eficiente durante el estado de alarma por el coronaviru­s. «Se está aplicando para contener el Covid-19. Sería una hipocresía inadmisibl­e que este Gobierno votase hoy aquí en contra de nuestra enmienda a la totalidad», dijo, y aseveró que lo de «mordaza» es «propaganda de la izquierda». Solo Vox se mostró reacio a modificar la ley, pero reprochó al PP que ni siquiera hubiese incluido las modificaci­ones planteadas en 2020 por el Tribunal Constituci­onal.

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