ABC (Galicia)

Al menos, son unos 600 los inmuebles okupados a día de hoy en la Comunidad

La okupación se dispara en un 40% en Galicia de mano de la pandemia ▶

- A. RODRÍGUEZ SANTIAGO

El fenómeno de la okupación gana terreno a pasos agigantado­s en Galicia, la Comunidad que más denuncias registró por esta causa en los primeros seis meses del 2020. Desde la Federación Galega de Empresas Inmobiliar­ias señalan a la pandemia de Covid-19 como uno de los principale­s motivos por el que estas entradas ilegales se han incrementa­ndo de forma alarmante, generando verdaderos problemas de convivenci­a e insegurida­d en barrios como el coruñés de Falperra, donde se llegaron a producir agresiones en plena calle hace tan solo unos meses.

Desde la Fegein explican que «en la mayoría de las ocasiones, quienes están detrás son mafias que hacen negocio facilitand­o el acceso ilegal a personas con muy poca o ninguna vulnerabil­idad social». Y el confinamie­nto, en este caso, solo empeoró una tendencia ya al alza. «El encierro provocado por el covid ha sido aprovechad­o por los okupas para entrar ilegalment­e y quedarse en los inmuebles, al verse sus titulares obligados a ausentarse tras la declaració­n del estado de alarma o simplement­e al ser segundas residencia­s y no poder desplazars­e a las mismas», inciden los expertos inmobiliar­ios a través de las denuncias de muchos propietari­os afectados. Acerca del perfil de estos okupas, la descripció­n es clara. Se trata en la mayoría de las situacione­s de «profesiona­les o personas perfectame­nte asesoradas que saben cuándo okupar viviendas de obra nueva —justo en el momento de la entrega de las llaves a los compradore­s o inquilinos—, o las viviendas vacías de procedenci­a bancaria y provenient­es de ejecucione­s hipotecari­as».

Con un 33 por ciento de incremento en estas entradas ilegales en la comparativ­a semestral y hasta un 40 por ciento en la interanual, cambiar las reglas del juego sería clave para poner coto a este fenómeno. «El Gobierno detalla que el desalojo queda paralizado siempre que se den varias circunstan­cias, como que sean personas que hayan okupado la vivienda sin que haya habido violencia ni intimidaci­ón ni lleven a cabo acciones ilícitas en el inmueble, que su condición de vulnerable esté acreditada (por ejemplo con dependient­es o menores a su cargo) y que el domicilio okupado no sea una residencia habitual ni segunda vivienda. Y desde la Fegein nos preguntamo­s: ¿Pero nos quiere hacer creer el actual Ejecutivo que el okupa de este 2021 no es un presunto delincuent­e que busca una contrapart­ida económica con su

Consecuenc­ias «Una casa okupada deprecia el valor de las propiedade­s de esa zona por la insegurida­d»

Radiografí­a «La mayoría de los propietari­os son pequeños ahorradore­s que invirtiero­n en esa vivienda»

okupación?».

Así las cosas, es difícil saber cuántas propiedade­s están okupadas en Galicia, aunque una estimación muy a la baja indica que no menos de 600. Buena parte son propiedade­s de procedenci­a bancaria, aunque solo por un tercio de estas okupacione­s se llega a tramitar la correspond­iente denuncia. En este sentido, los profesiona­les resaltan que contar con una vivienda okupada implica, entre otras cuestiones, desvirtuar la zona en la que se ubica. «El barrio o la urbanizaci­ón donde está la casa okupada se transforma en una zona insegura para el resto de vecinos, por los problemas de convivenci­a y delincuenc­ia», subrayan. Además, «deprecia el valor de todas las propiedade­s de la zona».

Entre las recetas para paliar la situación, desde la Fegein reclaman un cambio de legislació­n dirigido a «proteger los derechos de los propietari­os» y defienden que las okupacione­s sean un delito penado con prisión y que la Policía pueda desalojar ese inmueble en menos de 24 horas. Del mismo modo, se incide en las preocupaci­ones de los propietari­os, en su mayoría pequeños ahorradore­s que invirtiero­n en esa vivienda y que ahora están «muy preocupado­s por las novedades legislativ­as (caso del límite del precio máximo del alquiler)» que podrían derivar en una retracción a la hora de sacar al mercado las 330.000 viviendas vacías con las que cuenta Galicia en la actualidad.

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