Camila Acosta ha sido desalojada varias veces por caseros amenazados por el régimen con perder el piso si le mantienen el alquiler

Gobierno le requisara la propiedad si no obedecía. Todo esto coincidió, recuerda Acosta, con la implantación del decreto-ley 370, una norma que censura la libertad de expresión penalizando la publicación de fotos, vídeos o información en las redes sociales. El castigo es una multa, que muchos no pueden pagar, por lo que se arriesgan a una pena de prisión. «Me multaron el 27 de marzo por tres cosas: colgar en mi perfil de Facebook una fotografía de una citación judicial; por haber compartido un vídeo sobre una cola en La Habana vieja para adquirir alimentos, mientras el Gobierno estaba llamando al aislamiento por el Covid-19; y también, por colgar un meme sobre Fidel Castro», recuerda.

Expediente criminal

Otra forma de reprimir es atentar contra la reputación de la persona a través de la fabricación de delitos falsos. Acosta ha sido acusada de «violación de domicilio», sin que hubiera ni denuncias ni testigos; también de «evasión de presos», por supuestamente haberse escapado de una estación de policía. «Todo esto formaba parte de lo que ya me habían avisado: que me iban a armar un expediente criminal para llevarme a prisión. Que o bien abandonaba el país, o dejaba el periodismo independiente o ellos me iban a llevar a prisión».

Algo habitual en Cuba son también las detenciones arbitrarias durante varias ahoras. La periodista recuerda una en la que la desnudaron y le requisaron una docena de mascarillas con el eslogan pintado de ‘No 370’, que llevaba para distribuir gratuitamente. La acusaron, sin embargo, de querer revenderlas en el mercado negro, y le impusieron una multa. «Era una forma de aumentar mi expediente criminal».

El más doloroso quizá de todos los ataques que ha sufrido ha sido la utilización de imágenes familiares que fueron publicadas en blogs de las redes de la Seguridad del Estado para difamarla. «Intentan desacreditarte –lamenta– pero también sembrar la duda de si eres realmente disidente, para aislarte.

Son protagonizados por grupos de civiles que obedecen las órdenes de la Seguridad del Estado para atacar física y verbalmente a disidentes

La periodista independiente Camila Acosta ha sido ‘regulada’ y no puede salir de Cuba tras criticar al Gobierno En mi caso utilizaron un vídeo de mis abuelos. Mi abuelo, y eso nunca lo he ocultado, es militante del Partido Comunista y luchó contra Batista. Él está a favor del régimen, y esto lo utilizaron para atacarme». También usan fotografías o vídeos de contenido íntimo sustraídos de teléfonos decomisados. «A mí me sacaron en una foto sentada con mi pareja, que es mayor que yo, y dijeron que estaba prostituyéndome en La Habana. Ese es el machismo que sigue existiendo aquí en Cuba. A todas las mujeres disidentes y a periodistas independientes que critican el régimen las acusan de ser prostitutas, jineteras...».

Campañas permanentes

El caso de Camila Acosta no es aislado. Ayer mismo la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció la campaña de acoso y odio contra la periodista Yoani Sánchez, directora del medio independiente ‘14ymedio’. «Mi solidaridad y apoyo a Yoani Sánchez ante esta nueva campaña de odio y desprestigio del régimen cubano. ¡Cuánto miedo le tiene la dictadura cubana al periodismo independiente!», escribió en su cuenta de Twitter José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

A estos casos se suma otro, el de Berta Soler, que ha sufrido durante décadas estos ataques de odio. «En estos 20 años que llevan funcionando las Damas de Blanco hemos sentido en nuestra propia carne un continuo acoso, hostigamiento y odio por parte de personas instigadas, alentadas, preparadas y organizadas por el régimen cubano, por las fuerzas represivas del Departamento de Seguridad del Estado», señala a ABC la líder de las Damas de Blanco, premio Sájarov a la libertad de conciencia de la Unión Europea en 2005.

Soler recuerda cómo al principio el régimen las presentaba en la televisión cubana y en las redes sociales como «unas mercenarias, unas rebeldes... y empezaron a desacreditarnos y destruirnos». En 2004 comenzarían los denominados ‘actos de repudio’, organizados por la Seguridad del Estado y la Policía Nacional, movilizando a civiles –estudiantes, trabajadores, niños, ancianos, mujeres– «para que nos agredieran física y verbalmente y para que nos tiraran huevos, piedras, nos dieran con palos... Les incitaban al odio».

Detenciones arbitrarias

Era la respuesta del régimen a un grupo de mujeres, esposas de presos políticos, que reclamaban su libertad domingo tras domingo cuando iban a misa. A los ‘actos de repudio’ se sumaban por supuesto las detenciones arbitrarias, por unas horas o varios días. Soler subraya el hecho de que estos ‘actos de repudio’ eran colectivos y en ningún caso el rechazo era individual. Muchas personas, al cuestionarlas cara a cara, reconocen no tener razones para enfrentarse a ella. «Te dicen que las movilizaron, que las obligaron, pero que en realidad no tienen nada contra ti». El poder de movilización del régimen para este tipo de ‘actos de repudido’ reside en que el Estado «es el único empleador. La gente tiene miedo de que le boten de un trabajo, aunque tenga un contrato, porque lo imponga el régimen. La gente hace lo que sea por conservar un empleo y lo que tiene». Aunque afirma que a ella ya no la maltrata la gente, «porque saben quién soy después de tantos años», Soler no puede olvidar la ocasión en la que le golpearon con una barra de hierro en la cabeza. Y está segura de que si estos colectivos civiles reciben del régimen la «orden de matar, te matan».

La semana pasada el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció al Estado cubano ante la ONU «por generar un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos mediante el empleo de ‘actos de repudio’, constitutivos de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra miembros de la sociedad civil cubana». La ONG, con sede en Madrid, registró en 2020 un total de 41 ‘actos de repudio’ en la isla, de la que fueron víctima principalmente defensores de derechos humanos, periodistas independientes, activistas políticos «o simplemente individuos que disienten de las políticas estatales».