ABC (Galicia)

Puigdemont está un paso más cerca de perder su inmunidad

▶ Hoy está previsto que se vote el informe que pide que se le pueda juzgar en España

- ENRIQUE SERBETO BRUSELAS

Tras el 17-A, el Govern de Puigdemont trató de sacar rédito de la gestión de los Mossos y de la imagen su mayor, Josep Lluis Trapero, que se prestó a ello. Y llegó el referéndum, y el independen­tismo sacó pecho de la tibieza de los Mossos frente a la contundenc­ia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para abortar la consulta ilegal. «¡Esta es nuestra policía!», gritaba el secesionis­mo en las calles. No les hacían un favor, todo lo contrario. Y el Cuerpo acabó marcado por la deriva secesionis­ta. Las relaciones intentaron recomponer­se, con el consejero Miquel Buch en un difícil equilibrio entre la defensa del Cuerpo y las excentrici­dades de Torra, que animaba a los CDR a «apretar». Para contentar a la parroquia secesionis­ta, y tras las violentas marchas contra la sentencia del ‘procés’, Buch prometió «la auditoría más grande en la historia de los Mossos» por esas actuacione­s policiales. Molestó a los Mossos y encima la iniciativa acabó en agua de borrajas.

El expresiden­te de la Generalita­t y fugado de la justicia Carles Puigdemont está un poco más cerca de que se le levante su inmunidad parlamenta­ria. Ayer se celebró el debate formal a puerta cerrada en la comisión de asuntos jurídicos sobre el informe sobre el caso, que ya adelantó ABC, y en el que se recomienda a los eurodiputa­dos que voten a favor del levantamie­nto de la inmunidad a los tres independen­tistas requeridos por la Justicia española: Puigdemont y los que formaron parte de su equipo, Toni Comín y Clara Ponsatí, todos ellos elegidos en mayo de 2019 miembros del Parlamento Europeo porque en aquel momento aún no habían sido inhabilita­dos puesto que no han llegado a ser juzgados.

A la vista del contenido del informe se puede prever que en la votación que se celebrará hoy en la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) el texto será aprobado y el asunto llegará al pleno previsible­mente en el del próximo 8 de marzo para ser también aprobado.

Junto a los tres reclamados por la justicia española se discute también el mismo trámite para otros tres miembros del Parlamento Europeo, cada uno de un grupo político diferente: un popular (Nuno Melo, portugués), una socialista (la búlgara Elena Yoncheva) y un liberal (Valter Flego, de Croacia), lo que haría muy difícil que un partido se abstenga en el caso de los españoles y no en los demás. El informe jurídico del caso de Puigdemont y los demás separatist­as fue elaborado por el eurodiputa­do conservado­r búlgaro Angel Dzhambazki, que comparte grupo con Vox y con los independen­tistas flamencos.

El único factor impredecib­le sería la actitud del grupo socialista que hasta ahora ha sostenido en privado que votarán a favor del informe, aunque se han resistido a afirmarlo abiertamen­te alegando que no conocían su contenido. La votación en comisión está prevista para hoy aunque aunque según explican fuentes parlamenta­rias el trámite podría complicars­e hasta el punto de que el resultado no sería conocido hasta el miércoles por la mañana, debido a que habrá seis votaciones, algunos miembros de la comisión JURI participan de forma remota y el proceso de votación para ellos es algo más complejo. Adrián Vázquez, de Ciudadanos, que preside la Comisión de Asuntos Jurídicos, ha advertido que «debido a la situación en la que estamos por la pandemia y el sistema híbrido de votaciones, no es fácil predecir cuándo tendremos el resultado».

En caso de que se confirme que el informe ha sido aprobado en la comisión, el asunto pasará al pleno para que los 705 miembros de la Eurocámara voten a su vez. Si se cumplen los plazos previstos, es muy probable que antes de un mes, los tres huidos dejen de gozar de inmunidad parlamenta­ria.

Las cuestiones de levantamie­nto de la inmunidad de un miembro del Parlamento Europeo son relativame­nte frecuentes en esta institució­n y se resuelven casi siempre de forma expeditiva. En el caso de Puigdemont, si deja de gozar de este privilegio, volverá a abrirse el camino al cumplimien­to de las órdenes europeas de detención, lo que significa que la discusión regresará a manos de la Justicia belga para determinar si los entrega a la Justicia española. Hasta ahora sus abogados han logrado con éxito entorpecer este trámite.

El ex presidente autonómico Carles Puigdemont

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