El fiscal rebaja la petición de penas para quienes confesaron mordidas
▶ La defensa de Liñares pide su absolución al dudar del testimonio de los empresarios
Se intuyó el primer día, cuando ocho de los nueve empresarios sentados en el banquillo por las supuestas irregularidades en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil durante la presidencia de Francisco Fernández Liñares respondieron únicamente a las preguntas de la Fiscalía, y entre todos confirmaron el relato que el Ministerio Público ya recogía en su escrito de acusación. Ayer, en la última sesión, quedó patente que entre estos acusados y Fiscalía había un acuerdo, según el cual su confesión sería recompensada con una petición a la baja de las penas iniciales, pasando de 5 años de prisión a tan solo un año y tres meses, con lo que en caso de ser condenados no implicaría su entrada en la cárcel.
El fiscal José Luis Álvarez justificó la rebaja en «las atenuantes de las dilaciones indebidas y de confesión». Para Liñares mantuvo la petición de cinco años de prisión, mientras que para el único empresario no secundó al resto, Julio Franco Criado, la aligeró levemente hasta los tres años de prisión, de nuevo por dilaciones indebidas. Las defensas solicitaron la libre absolución de ambos.
En su informe final, y apoyándose en las confesiones, Álvarez aseguró que se se ha probado «una cierta dinámica» por la cual, desde la Confederación Miño-Sil «se adjudicaron obras de forma directa a quien se consideró conveniente, previo o post pago de una gratificación» a su presidente, Fernández Liñares. «Se cuenta con que había otras muchas obras lícitas, legales, sin irregularidad», matizó el fiscal, pero en este caso «estamos hablando de cantidades que no obedecen a otra cosa que un pago de agradecimiento por la concesión de obra». Además, restó importancia a que estas mordidas no hayan sido recogidas por los investigadores ni en las escuchas telefónicas ni en los seguimientos. «Que no haya esa prueba no desvirtúa la existencia de los hechos», sostuvo.
La respuesta vino por parte de la defensa de Liñares. Su abogado, Evaristo Nogueira, reconoció la «absoluta y total legitimidad» del resto de acusados para llegar a acuerdos con la Fiscalía, pero cuestionó la validez de sus testimonios como prueba de cargo al existir «la posibilidad de que ese testimonio esté filtrado por el interés de una rebaja de la pena». Así, subrayó que los empresarios han variado su versión respecto a lo declarado en instrucción y durante los últimos ocho años. «Yo les iba a preguntar por qué cambiario de opinión», y lamentó que no admitieran sus preguntas. «El valor probatorio de sus declaraciones decae contra mi defendido», sintetizó.
El siguiente elemento de fricción fueron las notas manuscritas atribuidas a Liñares. En opinión de la Fiscalía, son un elemento concluyente hallado en los domicilios de Liñares, algunos «incluso en su propio dormitorio matrimonial».
«Son demostrativas de la percepción de cantidades, de los acuerdos o de las exigencia de cantidades», destacó José Luis Álvarez, «no hace falta un informe pericial para comprobar que sea la letra de Liñares, no hace falta ser perito calígrafo para ver que las letras son muy semejantes». «Cuestionar la autoría es agarrarse a un clavo ardiendo», añadió.
«No es la letra de mi representado», replicó en su turno el abogado Nogueira, «no se puede decir que es su letra porque en su vivienda se encontraran una serie de documentos, quien acusa tiene la obligación de probarlo, y han tenido ocho años». «Si lo que tenemos como prueba de cargo para imputarle a mi representado una pena de prevaricación y cohecho es que hay unas iniciales y pone un número...», ironizó. Mientras que para el fiscal la confesión «espontánea» de Liñares en Santa Comba tiene «una validez probatoria indudable», la defensa recordó que tanto el TS como el TC han condicionado su validez a que este tipo de manifestaciones sean ratificadas ante el juez. «Y en sede judicial no se ha ratificado porque esa declaración es nula», como determinó la Audiencia al comienzo del plenario. «Es un documento banal». En el turno de última palabra, Liñares reiteró que fue víctima de «diversas amenazas» y «obligado» por los agentes de Vigilancia Aduanera «puse unas cantidades queme inventé». «Yo estaba hecho un trapo, 16 horas de coacciones, sin mi medicación para la diabetes, no me sentía persona», apostilló el expresidente de la Confederación. El juicio quedó visto para sentencia.
«Hablamos de cantidades que obedecen al pago en agradecimiento por la concesión de obras»
Defensa «No todo vale. Liñares no tiene por qué pagar los errores que se cometieran en la instrucción»