La trastienda del veto del PP a los jueces De Prada y Rosell
Cuando el Partido Popular accedió a sentarse con el PSOE a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía claro que lo hacía porque los socialistas se comprometían a cumplir las condiciones de Génova: el compromiso de despolitización del Poder Judicial y la garantía de que no se iban a sentar en el órgano de gobierno de los jueces perfiles identificables con Podemos. Las líneas rojas del PP eran José Ricardo de Prada y Victoria Rosell, quienes han provocado el estancamiento de unas negociaciones que iban por buen camino.
Los socialistas contaban con que Podemos se iba a conformar con dos representantes próximos a su ideología en el órgano y que no se obcecarían con los dos jueces vetados por los populares, una estrategia que fuentes próximas a la negociación parece más encaminada a hacer saltar por los aires el acuerdo que a un verdadero interés por que sean esos dos vocales, y no otros menos significados, los que representen la ideología de la formación de Iglesias.
Pero ¿quiénes son los dos jueces que el PP no quiere en el próximo Consejo? ¿Por qué Génova ve incompatible el compromiso de despolitización del órgano con la presencia de estos dos representantes en el Poder Judicial? Pocos jueces hay tan marcados en la carrera judicial como aquel que ha pasado por la política (Victoria Rosell) o el que con sus resoluciones judiciales ha influido en ella, queriendo o sin querer. Y el caso de De Prada se enmarca, para el PP, en el primer supuesto.
Este magistrado es el artífice de los párrafos de la sentencia de Gürtel que motivaron la moción de censura a Mariano Rajoy en la primavera de 2018, en los que dio por probada la caja B del PP cuando ni siquiera se había celebrado el juicio. Podía haber sido una cuestión anecdótica, si no fuera por el exacerbado interés que el Gobierno tuvo entonces en meter en el Consejo a De Prada, primero en el cupo de jueces, y al fallar esta opción, por el cupo de juristas. Más aún cuando quien negociaba en aquel momento (noviembre de 2018) la composición del Consejo por parte del Ejecutivo era la actual fiscal general del Estado y entonces ministra de Justicia Dolores Delgado, que comparte con De Prada y Garzón, entre otros, una especial sensibilidad hacia la justicia universal. Y es precisamente en ese ámbito, en concreto en el Tribunal internacional de Sarajevo donde pilló a De Prada la renovación sin tiempo material para solucionar una situación administrativa que le impedía acceder al órgano (estaba en comisión de servicios).
De ahí que Delgado optara por el plan B: llevarlo como uno de los ocho vocales que conforman el órgano de gobierno de los jueces a propuesta de los grupos parlamentarios. El día antes de que se frustrara la renovación de 2018, llegó a comparecer en el Congreso, donde la frase del diputado popular Carlos Rojas copó al día siguiente titulares de prensa: «Hay muchos juristas de reconocido prestigio con más prestigio que usted. Aunque es bueno para la Justicia que deje de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias».
En el PP no se entendió cómo se había permitido la presencia de De Prada en el Consejo después del daño que el partido considera que les hizo, y ahí se enmarca el SMS que hizo estallar la negociación –tras la renuncia de Manuel
Marchena a ser candidato a la presidencia del Supremo–, el del senador Ignacio Cosidó a su grupo parlamentario cuando los políticos cuestionaron el acuerdo al que habían llegado Rafael Catalá y Dolores Delgado. En él el parlamentario defendía el control de la Sala Segunda «desde atrás».
Lo cierto es que es difícil para Podemos encontrar un candidato que defienda mejor que De Prada reformas como la que enarbolan los morados en el Congreso para despenalizar el enaltecimiento del terrorismo en pro de la libertad de expresión. El juez se maneja con soltura en este campo y su trabajo no ha pasado desapercibido. Se opuso a juzgar al exconcejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata por mofarse de las víctimas de ETA; rechazó que se juzgara a César Strawberry, por enaltecer a la banda terrorista y, junto con el hoy ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, se opuso a que un coronel retirado fuera condenado por llamar a Don Juan Carlos «genocida, putero, borracho y cabrón».
Puertas giratorias
Las reticencias de los populares a la presencia en el Consejo del magistrado que participó en la sentencia de Gürtel viene de 2018: a los pocos meses de ese fallo el Ejecutivo le coló a última hora en el cupo de juristas tras no poder hacerlo en el de jueces
De Rosell basta con recordar su paso por política para entender el veto del PP bajo el parámetro de la despolitización del Consejo. La carrera de Rosell ha estado marcada por las idas y venidas de la política a la judicatura.
Ha sido cabeza de lista de Podemos por Las Palmas para las elecciones generales hasta en tres ocasiones. La primera tuvo que renunciar a su escaño en el Congreso tras la interposición de una querella del ministro José Manuel Soria por un caso que ella había instruido en Canarias. Volvió a presentarse en marzo de 2019, encabezando en esa ocasión la lista de Unidas Podemos por Las Palmas en las dos convocatorias electorales de ese año. Renunció al acta de diputada en enero de 2020 tras ser nombrada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, cargo desde el que ha participado el anteproyecto de la ley del consentimiento sexual que el jueves tumbó el CGPJ cuestionando fondo y forma.
Los jueces Victoria Rosell y José Ricardo de Prada