Don Juan Carlos no se plantea ninguna otra regularización
▶ Aplaca otro posible delito fiscal al pagar 4,39 millones por 8 de rentas no declaradas
Sea por voluntad espontánea de ordenar su situación, como estrategia para evitar un delito fiscal ante el conocimiento informal de que está siendo investigado o para allanar el camino a un futuro regreso, la cuestión es que Don Juan Carlos ha pagado exactamente 4.395.901,96 euros a Hacienda en una segunda regularización de deuda tributaria. Las fuentes de su entorno consultadas por ABC dan por hecho que es la última. No se plantea que quede algo más por aflorar.
En esta ocasión, se trata de «autoliquidaciones complementarias» que el abogado de Don Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco, definió ayer como «rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios realizados por S. M.». En concreto, entre 8 y 9 millones de euros en vuelos en ‘jet’ privado que habría costeado esa entidad con sede en Liechtenstein y cuenta en Suiza regentada por su primo Álvaro de Orleans. Esto, sumado a los 678.000 que ya pagó de deuda, recargo y multa por las transferencias recibidas entre 2016 y 2018 del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause sería todo lo que tenía por declarar. Y es precisamente lo mismo que está investigando la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Las fuentes consultadas por ABC matizan que la declaración no es por servicios que hubiese prestado Don Juan Carlos sino de los que él se habría beneficiado en el contexto de esos viajes que hasta 2018, habiendo ya abdicado, le estuvo pagando la fundación. Añaden que el padre del Rey no tenía liquidez para afrontar la regularización: ha recurrido a «amigos» que le han facilitado los fondos necesarios en forma de «préstamo» y que por tanto, habrá de devolver.
En un comunicado difundido ayer, el letrado destacaba que esta regularización se produce «sin requerimiento previo», es decir, sin que se haya abierto causa por delito fiscal contra Don Juan Carlos y sin que Hacienda le haya incoado un procedimiento sobre esas rentas en especie. Son las dos condiciones que impone la legislación para esquivar el delito fiscal cuando lo distraído supera los 120.000 euros. Sobre el primer requisito, la defensa de Don Juan Carlos sostiene que su único conocimiento formal del asunto es una somera notificación de noviembre que comunicaba la existencia de diligencias. En cuanto al segundo, no es tan sencillo. En primer lugar, porque Hacienda trabaja como auxilio de la Fiscalía del Supremo en este asunto, es decir, cada paso que da lo marcan los investigadores. Además, la Agencia Tributaria no tiene potestad para recabar información en instituciones extranjeras que no sean organismos tributarios y esto es una complicación, pues puede ser que no colaboren o que el contribuyente no conste. Se añade la dificultad de monitorizar una renta que, además, es en especie y a nombre de Zagatka, es decir, de Álvaro de Orleans.
Aflorado el capital, los técnicos deben comprobar si la regularización cumple los parámetros, como es de esperar cuando se toma esa iniciativa.
Los vuelos de Zagatka
Entretanto, las diligencias siguen su curso. Zagatka ya estaba en el radar porque en 2018 el propio Álvaro de Orleans declaró como testigo en Suiza que había sufragado esos vuelos a Don Juan Carlos. De hecho, le había puesto como beneficiario si fallecían él y su hijo. Su objetivo era ayudar a las monarquías europeas, por eso no le pidió el dinero como sí hizo con Corinna Larsen cuando supo que, en su caso, los vuelos habían costado 3 millones. Ella fue, de hecho, quien destapó su existencia.
No obstante, la cooperación en este caso tampoco es tan fluida como debiera, según las fuentes consultadas. Suiza aún debe información a España.
Lo que parece claro es que despejar el horizonte judicial es condición imprescindible para que Don Juan Carlos pueda regresar de Abu Dabi, aunque también está por ver. De la misma forma que su salida fue negociada por La Zarzuela y La Moncloa, su regreso será pactado entre ambas instituciones. De este asunto hablan personalmente el Rey y el presidente, Pedro Sánchez, y a un segundo nivel, el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, y la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. La discreción es extrema, como la que busca Don Juan Carlos para no perjudicar más al Rey y a la Corona. No quiere ni oír hablar del recibimiento que le proponen algunos amigos.
Con todo, aun despejado lo judicial, quedarán otras cuestiones, como la elección de un lugar en el que pueda residir sin presión mediática. Fue el Gobierno quien exigió que abandonase el Palacio de la Zarzuela, propiedad de Patrimonio Nacional. Existe además un vacío legal que añade complicación a su regreso, pues a diferencia
Diligencias Los técnicos deben analizar si cumple los requisitos, mientras la fundación sigue en el radar