Currás y varios exdirectivos de Dia, procesados por falsedad de cuentas
El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal acordó ayer procesar al exconsejero Delegado de Dia Ricardo Currás y a los exdirectivos Luis Martínez Gallardo, Armando Sánchez Falcón, Antonio Arranz y Juan Cubillo, así como a la propia cadena de supermercados como responsable civil subsidiaria por un delito continuado de falsedad en las cuentas.
En un auto notificado ayer, Abascal pone así fin a la instrucción iniciada en 2019 a partir de una querella de los accionistas minoritarios de Dia por estafa contra la ejecutiva de la cadena, atendiendo a que las cuentas del ejercicio 2017 no reflejaban con exactitud la situación económica de la compañía y presentaban irregularidades contables.
Tras dos años de pesquisas, el juez, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, acuerda continuar el procedimiento contra los cinco exdirectivos y archiva las actuaciones para siete personas hasta ahora imputadas: dos socios de la auditora KPMG, los miembros de la comisión de Auditoría y Cumplimiento y el responsable de la política de cumplimiento normativo de Dia.
Conforme detalla el auto, Currás utilizó su posición para maniobrar sobre determinadas partidas de la contabilidad de Dia España ante el empeoramiento progresivo de los resultados del grupo y la caída de la acción a partir del año 2015.
«Era la única persona que poseía una visión global y de conjunto, si bien, dada la posición de cabecera del grupo de Dia España, S.A. era en esta en la que principal y directamente ejercitaba sus funciones, recibiendo los cierres directamente del departamento de contabilidad, tras lo cual, los analizaba y, en función de lo que necesitaba para lograr unos mejores resultados, impartía órdenes para modificar las cifras de ingresos accesorios y de regularización de entradas, por ser estas las de mayores magnitudes sobre las que se podía actuar sin levantar sospechas», explica el juez.
57,2 millones de alteración
En concreto, habría dictado órdenes de cómputo de magnitudes «que no respetaban la normativa contable, ni la realidad del negocio, pero permitían mejorar resultados, tanto del año 2016 como los del año 2017, al haber sido especialmente los de 2017 inferiores a las expectativas, dadas las bajadas de precios que el grupo se vio obligado a hacer en España para relanzar las ventas».