Las togas de la izquierda judicial no pisan la tintorería
ser utilizado contra el Estado que constituye el fundamento de su autogobierno». Es decir, la izquierda judicial nunca se contamina, su pureza, integridad, neutralidad y entrega en cuerpo y alma a la ley son máximas. No así los llamados jueces conservadores que rápidamente deben ser excluidos por prejuiciosos. Si acaso –en palabras del propio Pumpido en su etapa de fiscal general con Zapatero– la justicia progre tolera que «el vuelo de las togas no eluda el contacto del polvo del camino», por ejemplo cuando tocaba tener manga ancha con los etarras porque el gran estadista leonés andaba negociando con ETA... hasta que le volaron la T-4.
El caso de De Prada, incluido con calzador por el PSOE para convertirse en excusa entre los nombres vetados por el PP en la renovación del CGPJ, es paradigmático de lo que es un juez progresista como Dios manda, tan puro, tan jurídicamente cabal que siendo magistrado de la Audiencia Nacional se le toleró que asegurara que en España «la tortura se ha producido de manera muy clara». Le faltó a los proetarras asistentes a la charla bailarle un aurresku a De Prada cuando vino a acusar de torturadores a policías y guardias civiles. Antes, volvió a llenar el bajo de la toga de cascarrias del barro del camino cuando justificó el «chivatazo» a ETA en el caso Faisán por «el contexto político». ¡Ole tú!, que diría Raimundo de Peñafort. En 2014, ya con la toga camino del tinte, J.R. afirmó que «las condenas a los etarras eran excesivamente altas». Y últimamente vino la frase famosa para hundir el Gobierno de Rajoy, que el Tribunal Supremo, en el recurso de casación de la sentencia de la Gürtel, consideró claramente «excesiva», quizá más en el terreno de su faceta de conferenciante bocachancla que en el de un magistrado administrando justicia. Pero para entonces, Sánchez ya estaba en La Moncloa.