La pandemia ha provocado que las deportaciones se desplomen un 68% respecto a los últimos años
tualmente a irregulares documentados y llegados desde sus países. En el caso de Argelia y Senegal se trata de expulsiones puntuales, y en el primero de los casos, además, se hacen por barco, lo que plantea problemas logísticos añadidos.
En estos momentos, según las fuentes consultadas, la capacidad de devolución de inmigrantes irregulares es menor a cien a la semana. A primera vista podría tratarse de una cifra modesta, pero este tipo de operaciones son de gran complejidad porque se necesita la identificación del afectado, que el expediente de expulsión esté completado, que el país de origen lo acepte y la organización de los viajes de regreso con los medios adecuados para ello.
Fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores especifican que, a día de hoy, España mantiene una serie de acuerdos migratorios en vigor que sustenta la repatriación de los ‘sin papeles’. Doce países han firmado estos convenios y entre ellos figuran Marruecos, Mauritania y Senegal, los tres puntos de origen principales de los inmigrantes que llegaron a las Islas Canarias, epicentro de la presión migratoria el año pasado. La lista completa es la siguiente: Argelia, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau,
Marruecos, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria y Senegal.
Viajes diplomáticos
Precisamente hacia estos países pusieron rumbo los ministros para intentar templar la crisis migratoria. La titular de Exteriores, Arancha González Laya, acudió a Senegal «para luchar contra la inmigración irregular e impulsar las vías hacia una migración ordenada, legal y segura», según informó su gabinete en un comunicado. La secretaria de estado de Asuntos Exteriores, para Iberoamérica y Caribe, Cristina Gallach, hizo lo propio con sus viajes a Guinea Conakry, Gambia y Ghana. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho en los dos años y medio que lleva en el cargo cinco viajes a Marruecos, tres a Argelia, dos a Mauritania y uno a Guinea Conakry, Gambia, Costa de Marfil y Ghana.
Los últimos meses del año pusieron en jaque la política migratoria del Gobierno. Una vez que se superó el confinamiento, los inmigrantes irregulares comenzaron a llegar en masa y las restricciones mundiales complicaron las deportaciones. Además, por si la situación no fuera suficientemente complicada, las maniobras de Podemos desde el seno del Ejecutivo no ayudaron. De hecho, esta facción boicoteó en varias ocasiones, como puede ser el caso del Sahara, la línea oficial que intentaron mantener los ministerios del Interior y Asuntos Exteriores.