El fin de la Operación Zamburiña «Todo empezó porque descubrimos que había traficantes que vendían a cargos del juzgado»
▶ El exjefe de la unidad antidrogas se confiesa después de quedar absuelto en el caso
En noviembre de 2014 empezaron los problemas, aunque por aquel entonces el jefe de la brigada antidrogas de la comisaría de Orense, Antonio R. F., aún no lo sabía. Un anónimo enviado a Asuntos Internos aseguraba que él y sus compañeros hacían la vista gorda con traficantes de la ciudad a cambio de información para colgarse medallas, e incluso los vinculaba con el robo de unas pistolas del armero de la Policía. Una supuesta trama de corrupción en toda regla que puso a estos policías en el disparadero y que ha tardado siete años en aclararse. «Tengo la sensación de que, por primera vez, en Orense se ha hecho justicia», confiesa el inspector Antonio en una conversación con ABC a los pocos días de que la Audiencia absolviese a todos los acusados en la denominada «Operación Zamburiña».
La sentencia, de una contundencia pasmosa, acusa a Asuntos Internos de «no realizar la más mínima comprobación acerca de quién pudiera ser el autor de la nota confidencial», en alusión al anónimo que originó el caso, y concluye que «lo que se califican de anomalías o irregularidades» en el informe de Asuntos Internos—y que el juez instructor aceptó a pies juntillas— «no permiten en absoluto deducir un indicio de corrupción policial mínimamente serio». Con las conclusiones de los magistrados negro sobre blanco, el exjefe de antidrogas toma ahora la palabra para destapar una conspiración en su contra que, por el camino, dejó a un agente fallecido. «Todo esto pasa porque empieza a haber un grupo de estupefacientes que contacta con traficantes, que tiene confidentes, y que se entera de que hay traficantes en Orense que le venden cocaína y hachís a señores con altos cargos en el juzgado de Orense. El problema es que se estaba llegando a gente que no se debía llegar y por eso quisieron cargarse el grupo, y me tocó. Pero la información está ahí y yo sé perfectamente qué señor le vendía a qué señor del juzgado, y no hablamos de un funcionario. Apuntamos arriba», expone el policía.
La versión de Antonio empata con el fallo de la Audiencia que echó por tierra los pinchazos con los que el juez instructor, Leonardo Álvarez, los llevó a juicio con una petición de hasta once años de prisión. Además, las declaraciones del exjefe antidrogas evidencian la buena sintonía entre el instructor y los dos agentes que, considera, le tendieron la trampa de su vida. «Son íntimos», revela. De ahí que Antonio R. F. se haya personado como acusación popular en la causa en la que dos agentes hermanos permanecen investigados por la muerte de otro compañero, Celso B. A., muerto de un disparo precisamente con una de las armas robadas del búnker de la comisaría, el 9 de abril de 2016. Lo que para Asuntos Internos es un claro caso de suicidio, con nota de despedida mediante, para la UDEV es un asesinato con el que los hermanos trataban de encubrir la sustracción de las pistolas y la autoría de los anónimos. Lo mismo sospecha la juez de instrucción del caso, Eva Armesto, que no dudó en apartar a la unidad de Asuntos Internos por no considerarlos idóneos para esta investigación. El supuesto homicidio o asesinato está todavía en fase de instrucción, pero Antonio R. F. no tiene dudas. «Que no ha sido un suicidio está claro, aunque no se va a poder demostrar nada porque uno de ellos ha estado ocho años en Científica y sabe perfectamente cómo trabajan», afirma sobre un proceso aún sin fecha.
Pero la pelea judicial de este agente con 18 años en el cuerpo y ya libre de cargos no se queda aquí. El calvario personal y profesional al que fue sometido junto a tres de sus compañeros lo obliga a ajustar cuentas con quienes, considera, no hicieron bien su trabajo. Es decir, el jefe de Asuntos Internos que lo señaló como líder de una trama corrupta. «Ahora que se ha caído será el momento de presentar una querella contra este señor y que pase el mismo proceso que yo y que vea que en esta vida no vale todo. Y que no se puede mentir para meter a otro policía en la prisión. Habrá que querellarse y que pagar abogados, porque el problema es que nadie le ha dicho que hay que poner datos objetivos. Como cuando mantuvo que yo me quedaba con la droga que encontrábamos en los coches durante los registros... porque él lo dice. Ahora te demuestro que todo lo que estás diciendo es mentira, como que yo sabía dónde escondían esa droga. Has hecho unas constataciones en el atestado que se ha demostrado que son mentira, ahora vamos a depurar delitos de todo el mundo», anuncia el agente, que tras el fallo de la Audiencia orensana pedirá su reincorporación en el cuerpo.
«Mis padres estaban muy orgullosos de que su hijo hubiese llegado a inspector, pero viven en un pueblo y cuando todo el caso saltó les decían que algo tenía que haber. Mi padre tiene cáncer y solo pedía aguantar a ver la resolución de su hijo», confiesa Antonio R. F. sobre el peaje que la acusación tuvo a nivel personal. En el plano profesional, aclara, el golpe no fue tan grande: «Nunca hemos sentido rechazo de nadie. Con los compañeros siempre hemos estado bien porque en comisaría la gente tuvo claro quiénes presuntamente eran los culpables de todo, y quiénes no».
Siete años «Nunca sentimos rechazo; todos en comisaría sabían lo que pasaba y quiénes eran culpables»