La expropiación de pisos en Baleares estremece al mercado inmobiliario
▶El Govern del PSOE se quedará las viviendas siete años por un bajo precio ▶La oposición denuncia la inseguridad jurídica en un momento decisivo
En un momento de máxima incertidumbre económica, a la que el mercado inmobiliario no ha sido ajeno, el Govern socialista de Baleares ha decidido intentar solucionar el problema de la vivienda a golpe de expropiación. El consejero de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, firmó ayer una resolución en sus palabras con «carácter pionero» por la que el Ejecutivo balear inicia la expropiación durante siete años de 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial. Para ello, se vale de los argumentos planteados en la Ley de Vivienda 5/2018 de 19 junio, aprobada en el Parlament con el apoyo del PSOE balear y sus socios de gobierno, Podemos y los nacionalistas de Més.
El precio de compensación que pagará el Govern por estas viviendas será considerablemente inferior a los precios de alquiler que tiene registrados (como índice de referencia de precios) para la comunidad autónoma de
Islas Baleares el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Este índice fija un precio medio mensual de 624 euros, mientras que la cantidad que pagará el Govern es de una media de 391 euros mensuales.
Las personas a las que se les adjudicarán estos pisos, una vez que hayan sido incorporadas al parque público, pagarán un alquiler que se adaptará a sus posibilidades económicas y nunca podrá superar el 30% de sus ingresos. El Govern asumirá con recursos públicos la diferencia entre el alquiler que pagará el inquilino y la compensación al gran tenedor, en caso de que se dé este desfase.
Gastará en total 1,8 millones para controlar 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza que, hasta ahora, eran propiedad de sociedades inmobiliarias y entidades bancarias. El Ejecutivo balear pretende ofrecer estas residencias como alquiler sociales a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).
Aunque todavía falta un largo proceso burocrático para confirmar estas expropiaciones, la peligrosa semilla de la incertidumbre ya está plantada. Una vez que se publique la resolución en el Boletín Oficial de la comunidad (BOIB), se notificará a los afectados y se abrirá un proceso de presentación de alegaciones. Pero los expertos consultados aseguran que el efecto que puede tener este anuncio en el mercado inmobiliario balear y, por extensión, español es devastador.
La situación de partida es de por sí muy compleja. El mercado inmobiliario del alquiler ha sido especialmente afectado por la pandemia y, en concreto, Palma de Mallorca ha sido, junto a Madrid y Barcelona, una de las capitales que más ha sufrido. Baleares ha tenido que capear, de hecho, una suerte de tormenta perfecta sobre su mercado inmobiliario: a la menor demanda de alquiler por el colapso total del turismo, se suma el incremento de la oferta, ya que gran parte de la vivienda antes destinada a un uso vacacional ha entrado en el mercado de alquiler residencial tradicional.
A ello puede sumarse el hecho de que los propietarios decidan recurrir ante los tribunales. El director general de Vivienda, Eduardo Robsy, ha afirmado que, según entiende el Govern, la tramitación de un recurso por la vía judicial no paraliza ‘per se’ la expropiación, a menos que un Juzgado dicte medidas cautelares. Como fuere, esto generaría una enorme incertidumbre jurídica, que amenaza además con acentuarse si el debate comienza a plantearse a nivel nacional.
Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, apunta en esta dirección en declaraciones a ABC: «La inseguridad jurídica que supone esta medida no contribuye a generar la confianza necesaria para que se produzca una recuperación económica más bien al contrario, supone un lastre para la economía porque, además de distorsionar el mercado de la vivienda, conllevará una ralentización de las inversiones».
En el Gobierno de coalición los socios optan por el silencio alegando lo reciente de la medida, pero lo cierto es que el anuncio llega en un momento de fuertes tiranteces entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta del mercado de la vivienda. «Los gobiernos socialistas y comunistas no pueden tapar su fracaso en la política pública de vivienda social en alquiler con un ataque a la propiedad privada, que es un derecho fundamental, a través de la expropiacion», incide Gamarra.
Desde Ciudadanos, tachan la medida de «cosmética del PSOE» para contentar a sus socios. «La intervención de la vivienda no ha funcionado en ningún país europeo. El Govern antes de meterse con los grandes tenedores tendría que gestionar mejor su parque de vivienda social pues en seis años apenas ha creado vivienda social». Además, el grupo naranja denuncia que «actualmente hay vivienda social en Baleares ocupada y no las desalojan ni las acondicionan para que las familias necesitadas las puedan usar».
La vía judicial parece una de las más probables en el futuro. «Lo soprendente es que nadie haya recurrido antes esta ley», explica Arantxa Goneaga, socia del despacho de abogados Círculo
C. Gamarra (PP) «Buscan tapar su fracaso en la política pública de vivienda atacando la propiedad privada»
J. Zurdo (Agencia Negociadora) «Es una medida intervencionista que desestabiliza el mercado del alquiler»