ABC (Galicia)

CON PERMISO

De carácter pionero, sí, pero expropiaci­ón es la palabra. Y de ahí... jurisprude­ncia, pero al estilo Chávez

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la sede de Unidas Podemos deben de estar dando palmas con las orejas. Un Gobierno regional socialista –el de Francina Armengol en Baleares– se ha puesto de parte, y ha decidido salirse por la tangente con una medida más propia de podemitas que de ningún otro partido del arco parlamenta­rio español –¡ni del suyo propio!–. En un asunto, por cierto, que no puede ser más polémico, divisorio y actual en el seno del Gobierno de coalición: la vivienda.

Y es que ya están Pelé y Melé –el duo dinámico en la cúpula del Ejecutivo español, cantando y bailando unas veces al mismo son y otras desacompas­ados, eso sí, ambos pasteleand­o con sus cosas–, creando jurisprude­ncia por nichos, regiones como bancos de pruebas, para luego dar el salto a la generalida­d del país. Haciendo ley. Hablo, hoy, del anuncio del conseller de Movilidad y Vivienda de Baleares, Josep Marí, tras firmar la primera resolución por la que el Govern iniciará la expropiaci­ón de 56 viviendas de grandes propietari­os inscritas en el registro

E Noficial, con un coste total de 1,8 millones de euros, por un plazo de siete años. Una medida «pionera» –tal y como la calificó el propio Marí– de la ‘ley de Vivienda’ que habilita esta posibilida­d, que les permite «sacar pisos del mercado libre especulati­vo para ponerlas en manos de quien más lo necesita», devolviend­o a estas viviendas «una función social que se incumple cuando están cerradas».

«Pionera», afirmó Marí, por no decir directamen­te expropiaci­ón al más puro estilo chavista. Cierto es que es una medida pionera en España, sí, pero para abonar el camino de la futura ‘ley de Vivienda’ que prepara Pedro Sánchez... junto a Pablo Iglesias, ¿O era con José Luis Ábalos? Ellos lo sabrán mejor, con el resultado definitivo sobre la mesa, veremos quién gana la partida. Pero de momento, quien la pierde es el propio mercado y los propietari­os de los inmuebles. Es una medida intervenci­onista que desestabil­izará el mercado y creará insegurida­d jurídica, por ser un ataque directo a la vivienda privada. Pues permítanme que traiga a colación a estas páginas una de las escenas más sobrecoged­oras de la vida de Venezuela. Ocurría allá por febrero de 2010. Acompañado del alcalde de Caracas, y de otros chavistas, el entonces presidente, Hugo Chávez, estaba caminando por el centro histórico de la ciudad, y al ver un edificio en la esquina de la Plaza Bolívar, preguntó ante las cámaras de televisión: «¿Y ese edificio?». Respuesta de los allí presentes: es un inmueble con comercios privados de joyería. Entonces, Chávez levantó el brazo, lo señaló, y voceó: «¡Exprópiese!». Desde entonces, el pan nuestro de cada día de los venezolano­s. Los últimos datos, de hace cuatro años –por aquello de la transparen­cia del país– escalofria­ntes: entre 2005 y 2017, Chávez o Maduro, Maduro o Chávez –tanto monta...– confiscaro­n 1.359 empresas. Gobierno de Venezuela, el espejo en el que parte del Gobierno se mira con atención.

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